La abogada juzgada en Brasil no irá a prisión y podrá volver al país

La situación judicial de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de injuria racial en Brasil, dio un giro clave en las últimas horas: no irá a prisión y, de no mediar imprevistos, podrá regresar al país en los próximos días. La definición surgió tras una audiencia determinante realizada en Río de Janeiro, donde la fiscalía redujo la acusación y avaló una pena mínima que no implica cumplimiento efectivo en una cárcel.

El caso, que generó repercusión tanto en Brasil como en la Argentina, había comenzado con un escenario mucho más complejo para la joven santiagueña. Inicialmente, enfrentaba tres cargos por discriminación que, en conjunto, podían derivar en una pena de hasta 15 años de prisión. Sin embargo, en esta primera instancia del juicio, la acusación fue unificada en un solo hecho de injuria racial, considerado como un delito continuado con tres víctimas.

Ese cambio resultó determinante. Según lo planteado por la fiscalía durante la audiencia, la pena en expectativa se redujo a un mínimo de dos años, con la posibilidad de ser reemplazada por la realización de tareas comunitarias y el pago de una reparación económica. Además, no hubo objeciones por parte de la querella para que esas condiciones se cumplan en la Argentina, lo que abre la puerta al inminente regreso de Páez.

Ahora, la última palabra la tiene el juez a cargo del Tribunal Penal 37 de Río de Janeiro, quien deberá formalizar la resolución en los próximos días. Entre los puntos a definir figuran el monto de la indemnización a las víctimas y la eventual caución económica. La defensa estima que se trata de una cuestión de tiempo y que la resolución podría conocerse en breve.

A la salida de la audiencia, tanto la acusada como su equipo legal se mostraron aliviados por el rumbo que tomó el proceso. “Fue la peor experiencia de mi vida”, expresó Páez, al tiempo que insistió en que dijo “la verdad de lo que pasó” ante el magistrado. También remarcó que pidió disculpas a las personas involucradas y que estas fueron aceptadas.

LOS HECHOS

El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 14 de enero en un bar del barrio de Ipanema, cuando una discusión por una cuenta derivó en una situación que escaló rápidamente. Un gesto realizado por la joven, interpretado como racista, quedó registrado en un video que se viralizó y se convirtió en prueba central del expediente.

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A partir de ese momento, la Justicia brasileña avanzó con la imputación y le impuso medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de salir del país y el uso de una tobillera electrónica. Durante más de dos meses, Páez permaneció en Río de Janeiro a la espera de definiciones judiciales, en un contexto que afectó su estado emocional.

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La estrategia de la defensa apuntó desde el inicio a reducir la calificación legal del hecho y garantizar que cualquier eventual condena pudiera cumplirse fuera de Brasil. En ese marco, también hubo una intervención del consulado argentino, que presentó ante la Justicia brasileña garantías formales para que la acusada pueda continuar el proceso desde su país de origen sin eludir sus obligaciones.

Ese movimiento, sumado al reconocimiento de la joven sobre lo ocurrido y su pedido de disculpas, fue valorado por la fiscalía. De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, se tuvo en cuenta que Páez comprendió la gravedad del hecho dentro del contexto brasileño, donde el racismo es un delito especialmente sensible y penado.

En términos concretos, el escenario actual deja a la abogada fuera de riesgo de una pena de prisión. En su lugar, deberá afrontar una sanción que incluirá tareas comunitarias y una compensación económica a las víctimas, cuyos montos serán fijados en el fallo.