El oficialismo confía en un trámite sencillo en Diputados

La diputada kirchnerista Diana Conti, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, confió hoy que no habrá sobresaltos para convertir en ley el miércoles próximo el proyecto de expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica) y sostuvo que la UCR y el FAP "van a tener que explicar" su eventual rechazo a la iniciativa del Ejecutivo.

"Sí vamos a tener los votos. El miércoles concluye el tratamiento parlamentario y va a haber una ley que la presidenta (Cristina Kirchner) va a tener que promulgar", indicó Conti en declaraciones a Noticias Argentinas.

La diputada ya cursó la invitación al plenario a sus pares de Presupuesto y de Legislación General para el próximo martes a las 15:00, donde se abrirá el debate sobre la media sanción del Senado que declara de "utilidad pública y sujeta a expropiación" a la compañía y además "se tendrán a la vista proyectos que cubren todo el arco opositor, salvo el PRO, que plantean lo mismo que el Ejecutivo", indicó Conti.

"Si guardan coherencia el radicalismo y el FAP en función de sus propios proyectos presentados en mayo y en junio en los que marcaban la necesidad de la expropiación deberíamos suponer que en el recinto van a apoyar el proyecto de ley o, en caso contrario, van a tener que explicar por qué se equivocaron", apuntó Conti.

Sucede que, aunque el oficialismo confía en que no tendrá inconvenientes numéricos para aprobar el proyecto, todo indica que la oposición dividirá posturas al igual que ocurrió en el Senado:

el PRO y la UCR votarán en contra, mientras que en el FAP y en el Peronismo Federal habría pronunciamientos a favor, otros en rechazo y abstenciones.

Sin embargo, en Diputados ya habían sido presentados tres proyectos para declarar de "utilidad pública y sujeta a expropiación" las acciones de compañía: fueron el bloque Proyecto Sur (con la adhesión de la peronista disidente Graciela Camaño), la UCR (acompañada por el socialista Juan Carlos Zabalza) y el diputado por el GEN Gerardo Milman.

La discusión en el recinto será el miércoles desde las 11:30, para cuando ya fue citada una sesión especial, en la que se tratará el dictamen de comisión y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsa la intervención de la ex Ciccone Calcográfica por 60 días para "asegurar la continuidad de las actividades de la empresa y la preservación de sus activos y de su patrimonio".

Para tal fin, la presidenta Cristina Kirchner resolvió que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Hernán Lorenzino, ocupe el cargo de interventor, mientras que la titular de Casa de Moneda, Katya Daura, sea la subinterventora de la compañía con capacidad para imprimir billetes.

En este contexto, el jefe del bloque de Diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra, ratificó que su bancada rechazará el proyecto oficialista, al advertir que "consolida un cuadro de corrupción y de impunidad y ni siquiera da una respuesta a quién puso la plata para levantar la quiebra y quiénes son los beneficiarios de todo esto".

"La medida que ahora impulsa el Gobierno tiene toda la apariencia de ser una medida distractiva que en lugar de echar luz, la oscurece todavía más", advirtió Gil Lavedra en declaraciones a radio La Red.

En el mismo sentido, el senador radical Ernesto Sanz advirtió que "es un escándalo y un descomunal despropósito que el Congreso haya tratado una expropiación que carece de los más elementales requisitos de información para poder dictar una ley".

"Todos tenemos que reaccionar y ser conscientes de que este es un momento difícil para el país, donde si no nos plantamos, el Gobierno nacional va por todo", advirtió Sanz en declaraciones a la radio La Once Diez/AM 1110.

Este jueves, el Senado aprobó con 44 votos a favor y 20 en contra el proyecto de expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone), en una sesión conducida en gran parte por el vicepresidente Boudou, quien fue blanco de críticas directas e indirectas de la oposición.

El proyecto que llega del Senado consta de nueve artículos, en los que se establece la expropiación en los términos que fija la Constitución Nacional, con la cotización del Tribunal de Tasación de la Nación.

El texto establece que se mantendrán las fuentes de trabajo y se tendrá en cuenta la deuda que la empresa mantiene con el Estado nacional: según el detallado informe que realizó Aníbal Fernández, la ex Ciccone le debe 250 millones de pesos a la AFIP.