Suspenden la jura como fiscal del ex jefe de las cárceles bonaerenses

La designación como fiscal de Casación del ex secretario de Política Criminal bonaerense César Albarracín fue suspendida ayer por un decreto de la gobernadora María Eugenia Vidal, hasta tanto se esclarezca su presunta vinculación con “conductas ilegales o delictivas” relacionadas con la triple fuga de General Alvear, ocurrida a fines de diciembre.

Con ese duro argumento, Vidal frenó la jura del ex funcionario que había concluido su mandato al frente del Servicio Penitenciario el 10 de diciembre pero que, según consigna en los considerandos del decreto, su actuación en relación a la fuga en General Alvear el 27 de diciembre es investigada desde el punto de vista administrativo y también judicial. Y resuelve la “suspensión” de su designación en la Justicia hasta tanto se deslinde su responsabilidad.

Albarracín había concluido en su cargo como subsecretario del ministerio de Seguridad bonaerense el 10 de diciembre y se preparaba para asumir como fiscal adjunto de Casación en los próximos días. Es que en 2011 su designación en la Justicia había sido propuesta por el Consejo de la Magistratura y votada por el Senado pero el decreto que concluyó el proceso no fue firmado por el ex gobernador Daniel Scioli hasta noviembre pasado. Mientras tanto, y desde 2009, Albarracín continuó en su función en el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, su nombre quedó envuelto en una polémica con la evasión del penal Nº30 de General Alvear de Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, el 27 de diciembre. Lo mismo ocurrió con la ex directora del Servicio Penitenciario, Florencia Piermarini, quien fue nombrada como relatora en la sala I de Casación Penal de la Provincia por el juez Daniel Carral.

Tanto Albarracín como Piermarini fueron apuntados por la nueva gestión provincial de Cambiemos como presuntos responsables de las deficiencias que permitieron el escape de los prófugos.

INVESTIGADO

Al día siguiente de la triple fuga, Vidal había anunciado que presentaría denuncias penales para esclarecer el hecho. Ayer, quedó consignado en los argumentos de ese decreto.

Para defender la legalidad del acto, el texto explica que si bien los integrantes del Ministerio Público deriva de una terna votada en el Senado y propuesta por el Consejo de la Magistratura, es el Poder Ejecutivo el que concreta esa designación y, por lo tanto, también tiene este último poder la facultad de suspender esos nombramientos.

Y sostiene, además, que la concreción de la designación se produce con la jura, algo que Albarracín aún no había hecho.

Y en ese contexto, explica que la suspensión obedece a que posteriormente a que Scioli firmara el decreto de designación se sucedió la fuga del penal de máxima seguridad Nº30, que motivó el inicio de actuaciones sumariales caratuladas “presunta infracción a la normativa legal y reglamentaria en vigencia”, en las que “aparece involucrado César Albarracín en presuntas conductas ilegales y/o delictivas”. Y observa que además de los procedimientos administrativos, las acciones de Albarracín son “objeto de investigación en instancia judicial”.

Por lo tanto, advierte el decreto, “los graves antecedentes no estaban presentes ni fueron valorados al tiempo de decidir su designación”, indicando que “el interés público comprometido debe prevalecer sobre cualquier expectativa personal”.

CRITICAS POR LOS DD.HH.

El lunes pasado, la Comisión Provincial por la Memoria, el CELS y otras organizaciones de derechos humanos presentaron un pedido para que Vidal suspendiese el decreto de designación, acusando al ex subsecretario de Política Criminal de violaciones a los derechos humanos en los penales bonaerenses, que estos organismos han denunciado de forma internacional. Ayer, EL DIA intentó comunicarse con Albarracín pero la consulta no fue atendida.