Organizaciones demandantes por abusos sexuales a niños sordos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza denunciaron hoy la falta de contención psicológica y ayuda a las víctimas y sus familiares por parte del Estado, durante una audiencia pública convocada por legisladores del Frente de Izquierda.
La presidenta de Padres Autoconvocados de chicos, jóvenes y adultos con discapacidad, Alejandra Berlanga señaló que falta “la contención de niños y adolescentes que han sido víctimas de estas aberraciones y también de sus familias”.
Berlanga dijo que presentaron un escrito a la fiscalía pidiendo “que respete las directrices que señala la ONU y Unicef en relación a cómo se debe tomar la testimonial a niños y adolescentes que están en una situación de extrema vulnerabilidad”, tras constatar que en este caso "no se han tenido todos los recaudos" para cuidarlos.
También abogó para que la dirección de Salud Mental de la provincia rápidamente forme un equipo interdisciplinario para sostener y contener a estas familias, porque “es un elemento esencial para cuidarlas mínimamente”, advirtió.
Sergio Salinas, abogado de algunas de las víctimas del Próvolo, dijo que no les han proporcionado los móviles suficientes para trasladar a las víctimas, muchas de las cuales viven en zonas lejanas, a los tribunales y que no tienen interpretes con conocimientos psicológicos que puedan traducir las declaraciones de los niños, la mayoría de los cuales no maneja el lenguaje de señas.
"El Estado no nos está ayudando”, cuestionó Salinas, abogado además de la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos Xumek. Según explicó, hasta ahora sólo recibieron hoy un llamado de la Asociación de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad (Adajus), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, para ofrecerles asesoría legal.
Salinas responsabilizó al Poder Judicial y a los organismos que debían controlar el funcionamiento del Próvolo por no haber actuado cuando en 2008 se realizó la primera denuncia de abuso sexual a un niño albergado en el instituto.
En tanto, el abogado Carlos Lombardi, representante de la Red de Sobrevivientes del Abuso Eclesiástico, manifestó su disconformidad con la reunión mantenida entre legisladores y el Arzobispado mendocino y las medidas planteadas allí.
“La visita fue a puertas cerradas y sin la presencia de los padres” dijo y criticó que los diputados hayan ido a la sede del Arzobispado “a reunirse en secreto”, en vez de recibir a las autoridades eclesiásticas en la Legislatura, cumpliendo las leyes provinciales.
Lombardi consideró que "las medidas de urgencia que adoptó el Arzobispado son falacias”, como la propuesta que hizo a los legisladores de realizar un examen psíquico para curas y monjas y un censo de sacerdotes, pues hay “un libro de 2.000 páginas que se llama Anuario Pontificio, y que detalla dónde está cada uno de los miembros de la Iglesia en el mundo”.
El abogado apuntó a las responsabilidades del Arzobispado de Mendoza sobre el control y la vigilancia de los sacerdotes que se desempeñan en la provincia y del funcionamiento de los establecimientos educativos religiosos, y pidió "al poder político que tome los recaudos pertinentes para ir separando el Estado de la Iglesia e igualdad de trato, sin privilegios".
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