Estudiantes de Derecho inician juicios como “abogados de la comunidad”

Cuando hace unos días la Justicia Federal de La Plata respaldó un viejo reclamo de vecinos del Bosque, disponiendo medidas sobre una estación de servicio abandonada dentro de él, la intervención no sólo puso en evidencia una amenaza ambiental que muchos platenses desconocían sino también una novedosa alternativa jurídica creada por la Universidad Nacional de La Plata como un servicio a la comunidad. Y es que la demanda que llevó a adoptar esas medidas no salió de un estudio jurídico sino de un aula de la facultad de Derecho entre estudiantes que hacían así su debut profesional.

El programa se conoce como Clínicas Jurídicas y es una iniciativa que busca tanto enseñar la práctica del Derecho de una manera atípica, como prestar un servicio a la sociedad y luchar contra un estereotipo que se ha adueñado a lo largo de los años de la profesión. Y es que a través del patrocinio de acciones de incidencia colectiva con equipos de estudiantes, la facultad aspira a moldear una nueva generación de abogados más comprometida con los problemas de su comunidad.

Las problemáticas que llegan a las Clínicas Jurídicas suelen involucrar la libertad de expresión, las garantías procesales, la protección de colectivos vulnerables, los grupos de damnificados por contratos abusivos y los daños ambientales en general

“Las Clínicas Jurídicas son una usina para aprender a litigar en casos complejos, un tipo de formación a la que es difícil acceder porque en general se adquiere después de haber cometido muchos errores y con años de ejercicio profesional. Pero a su vez, las Clínicas son una iniciativa que busca promover un perfil de abogado distinto al habitual. Contra la imagen individualismo y monetarismo que pesa sobre nuestra profesión, la Facultad se propone formar de este modo a una nueva generación de profesionales más comprometida con la problemática de la comunidad”, explica Aníbal Falbo, director de la Clínica de Derecho Ambiental.

“La idea es formar a los estudiantes en un nuevo paradigma, el de las acciones colectivas”, comenta su colega José María Martocci, responsable de las clínicas de Derechos Humanos y Discapacidad. Por este motivo “se trabaja sólo en casos de interés público; y entre ellos, se eligen especialmente aquellos que por su trascendencia y sus características trascienden el interés de las partes y hasta pueden transformarse en casos testigos o impactar a nivel social”.

De ahí que las problemáticas que llegan a las Clínicas Jurídicas involucran en general a la libertad de expresión, las garantías procesales (en especial, el acceso a la Justicia), la protección de grupos vulnerables (tales como las personas con discapacidades, las minorías raciales, los inmigrantes y las comunidades aborígenes), los damnificados masivos por contratos abusivos, y los daños ambientales en general.

LA ESTACION ABANDONADA

Aunque “son más de cuarenta los procesos judiciales impulsados por las Clínicas Jurídicas –explica el secretario de Extensión Académica de la Facultad, Adolfo Brook-, uno de sus efectos más recientes tuvo lugar en nuestra ciudad”. El caso involucra a una vieja estación de servicio que se encuentra en el boulevard 115 entre 58 y 60. Alguna vez la boca de abastecimiento de combustible para patrulleros y vehículos oficiales, dejó de funcionar en la década del noventa y hoy se teme que entrañe un serio peligro ambiental.

“Ahí quedaron tanques subterráneos que desde hace años no tienen ningún control y donde se presume que hay combustible. Más allá del peligro de deflagración, existe una alta probabilidad de que esos tanques y cañerías se hayan deteriorado con los años y estén filtrando hidrocarburos a las napas. Hasta donde sabemos, nadie se ha ocupado en todo este tiempo de monitorear esa situación”, explica Aníbal Falbo, bajo cuya dirección un grupo de estudiantes y graduados de Derecho tomó en 2013 el reclamo planteado por una ONG de la Ciudad.

Tras analizar el caso, un equipo compuesto por María José Rueda, Samanta Borghi, Lucía Aguiar, Gonzalo Flores, Alexis Palacios y Gabriela Cosentino, asumió el patrocinio letrado en la causa “Asociación 18 de Octubre c/ YPF SA y otros “, presentando una demanda para que se extraigan los tanques de combustible en desuso y se recomponga el daño que eventualmente puedan haber causado en el ambiente.

En respuesta a esa demanda, el juez federal de La Plata Alberto Recondo dispuso el cerramiento de toda la superficie sobre la que se visualicen bocas de tanques de combustible mediante un vallado perimetral que impida el acceso a las personas; y ordenó además la extracción de muestras de los fluidos existentes en los tanques a fin de determinar si se trata de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes.

Aunque YPF y el Estado Nacional apelaron esta medida, el 5 de mayo pasado la Sala I de la Cámara Federal de La Plata, Sala -a cargo de los jueces Julio Reboredo, Carlos Compaied y Roberto Lemos Arias-, no sólo confirmó el pronunciamiento en primera instancia sino que amplió la medida para que se analicen también muestras de suelo, subsuelo y eventualmente de las napas freáticas.

UNA MIRADA MAS HUMANA

El caso de la estación abandonada representa muy bien el espíritu con que comenzaron a instrumentarse en la UNLP las clínicas jurídicas, una metodología de enseñanza que nació en las escuelas de Derecho norteamericanas durante los sesenta y se extendió años más tarde a nuestro país. Y es que al tutelar un bien colectivo que pertenece incluso a las generaciones futuras, como lo es la calidad del agua y el suelo, la demanda produciría de alcanzar una sentencia favorable beneficios que trascienden al grupo que la impulsó.

“La idea de la Clínicas surgió de la necesidad de cubrir un bache que teníamos con las acciones de incidencia colectiva. Porque si bien hacía tiempo que existían los consultorios jurídicos para asesorar gratuitamente a la gente en problemáticas individuales, no se disponía de un equivalente para las cuestiones que afectan a todo un colectivo”, explica desde la secretaría de Extensión Académica Adolfo Brook.

Pero a diferencia del proyecto de los consultorios, en las clínicas cada equipo sólo puede ocuparse de un caso por año. Por eso “de todas las problemáticas que nos llegan a través de entidades y organizaciones públicas o grupos de vecinos, tratamos de elegir no sólo aquellas que resultan más representativas sino las que permiten aplicar normativa novedosa, sentar algún precedente o simplemente hacer algo no convencional”, detalla Gabriela Cosentino, quien se incorporó a la Clínica Ambiental como estudiantes y hoy, ya graduada, se ocupa de su coordinación.

Cada una de las clínicas en los distintos campos del Derecho forma cada año un equipo de trabajo nuevo. Estos se conforman con estudiantes avanzados y graduados de hasta cuatro años, que son quienes realizan la preselección de los casos a trabajar y se dedican a estudiarlo bajo la supervisión de sus directores. Si bien su trabajo puede derivar en un patrocinio legal de los afectados, a veces también apunta e emitir una declaración pública, un dictamen o una propuesta legislativa.

Cualquiera sea el caso se trata de un proceso de aprendizaje inusual para la Facultad y que impone una fuerte interacción. “Al sacarte de la perspectiva clásica de los derechos individuales, te obliga a trabajar mucho no sólo con tus compañeros de equipo sino también con profesionales de otras disciplinas y sobre todo con la comunidad”, reconoce Gabriela al asegurar que la experiencia no sólo le ha servido para crecer profesionalmente sino también para tener una mirada más humana del ejercicio de su profesión.