La Justicia, en el medio de casos políticamente sensibles

Dos imágenes ilustraron ayer el rol preponderante que cumple el Poder Judicial en la Argentina actual. La primera retrató el tumulto que rodeó a Hebe de Bonafini mientras eludía la detención ordenada por un magistrado que la declaró en rebeldía. La segunda mostró a los jueces de la Corte en su primera reunión tras la feria judicial, preparándose para intervenir en el caso del tarifazo.

El cuadro no resulta placentero para la Justicia, cuyo comportamiento está desde hace años bajo la lupa de la sociedad. Pero en ambos casos, los jueces no pueden eludir su responsabilidad, aún cuando se trata de litigios extremadamente sensibles en términos políticos: uno de ellos involucra a una dirigente histórica afín al gobierno anterior; el otro pone en aprietos a la gestión vigente.

DISTINTOS PERO INCOMODOS

Se trata de asuntos radicalmente distintos, pero igualmente incómodos para los magistrados, que tienen de su lado el poder que les confiere la investidura, pero que no pueden defenderse de las acusaciones públicas que les profieren los sectores políticos afectados por sus acciones. Por uno u otro motivo, enseguida aparece en escena el clásico cuestionamiento al “gobierno de los jueces”.

Tampoco faltan los que advierten que la administración de justicia debe realizarse teniendo en cuenta la importancia de las personas o instituciones cuyo accionar puede ser objetado. Con esa lógica, que tiende a soslayar la legislación y a ponderar el “sentido común”, se criticó a un juez que ordenó detener a Bonafini justo un jueves, el día de la ronda de las Madres en Plaza de Mayo.

Pero no se puso el mismo empeño en resaltar que la dirigente desconoció la convocatoria a declarar en la causa en la que se investigan las irregularidades detectadas en el programa “Sueños Compartidos”, ejecutado por la fundación de las Madres con financiamiento del gobierno de Néstor Kirchner, bajo un modelo de tercerización que fue permeable a los actos de corrupción.

Bonafini acusó del manejo discrecional de esos fondos a Sergio Schoklender, quien fue por años su mano derecha para las finanzas, pero cuando el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi la citó a declarar para que lo ratificara oficialmente, lo desafió en términos políticos. Y lo hizo incluso a sabiendas de que por su avanzada edad (87) no corría peligro de quedar detenida.

La “resistencia” de la titular de Madres de Plaza de Mayo a allanarse al marco legal –en el que se encuadran todos los ciudadanos del país- llevó a interpretar a distintos sectores políticos que su caso representaría “un botón de muestra” de lo que podría intentar el kirchnerismo si es que la Justicia llegara a ordenar en algún momento la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Por eso se encendieron ayer luces de alarma en distintos despachos del Gobierno, tanto en la Casa Rosada como en el Ministerio de Seguridad, que tuvo a su cargo el despliegue de la Policía Federal en torno al derrotero de Bonafini. En el análisis gubernamental no pasó inadvertido que en la misma jornada el kirchnerismo motorizó otra protesta contra el tarifazo en los servicios públicos.

A diferencia de lo que sucede con el comportamiento de Bonafini, que no cuenta con el aval de una porción mayoritaria de la sociedad, en el caso del tarifazo el Gobierno lleva las de perder. Las encuestas indican que el presidente Macri viene perdiendo popularidad desde que se instrumentó esa medida. Y la Justicia accionó de tal modo que el aumento del gas y la luz está suspendido.

También se especula con la posibilidad de que en breve se concrete algún fallo que frene el incremento en la tarifa del agua. En ese contexto, los cuatro jueces que actualmente integran la Corte Suprema de Justicia se reunieron ayer en acuerdo por primera vez tras la feria judicial. En el alto tribunal ya cuentan con el informe que requirieron al gobierno sobre la situación energética.

EN SUS MANOS

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosatti están en condiciones de analizar la validez del tarifazo porque “ahora tienen un caso”: la Cámara Federal platense que había suspendido el aumento del gas, aceptó ayer mismo el recurso de apelación presentado por el Gobierno para que la controversia sea definida por la Corte Suprema de Justicia.

Esa instancia no es la que hubiera deseado el oficialismo -como lo admitió la diputada Elisa Carrió, que no confía en Lorenzetti- pero la necesita ahora para darle corte a un conflicto que se extendió demasiado en el tiempo y que no pudo resolver en el campo de la política. Tal vez por eso, en una reunión del Gabinete ampliado, Marcos Peña reclamó a los funcionarios que apelen al diálogo.

El propio jefe de Gabinete lo ensayó con uno de los principales referentes opositores, Sergio Massa, con quien almorzó ayer en la Casa Rosada. Allí abordaron y coincidieron en diversos temas, pero no se pusieron de acuerdo sobre el tarifazo. La falta de convocatoria a audiencias públicas sigue siendo el punto débil del plan del Gobierno para retirar los subsidios al sector energético.

Así las cosas, de no mediar alguna corrección de la gestión de Cambiemos para adecuarse al marco legal, será la Corte la que tendrá la palabra final. Con todo lo que eso conlleva en un país con tendencia a eludir las decisiones judiciales.