Una compleja trama donde no sólo se votará la secesión

Una vez más ayer decenas de miles de catalanes se movilizaron para impulsar el referendo independentista, que esta vez también vio participar en Barcelona, Madrid y en toda España a multitudes que rechazan la secesión.

Pero aún numerosos catalanes contrarios a la separación de España quieren que se lleve a cabo el referendo convocado por el gobierno regional y que la justicia española considera ilegal.

Muchos ciudadanos están en contra de las medidas adoptadas por los tribunales para impedir la celebración del mismo. Oleada de protestas en Cataluña y detenciones de funcionarios por el referendo tensaron la situación hasta niveles inéditos desde que España estrenó su democracia hace cuatro décadas.

UNA SOLA PREGUNTA

En la consulta, las autoridades catalanas quieren hacer a los ciudadanos una única pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.

De ganar el ‘Sí’, el ejecutivo regional asegura que estaría legitimado para que se proclamara la independencia. Desde el primer momento en que se conoció la idea de la Generalitat -ejecutivo catalán-, el gobierno de Madrid se opuso, pues considera que el referendo vulnera la Constitución, y advirtió de que tomaría medidas legales si seguía adelante con su propósito.

Las autoridades catalanas desoyeron a Madrid y este mes el Parlamento regional, con mayoría de partidos a favor de la independencia, aprobó dos leyes para amparar la consulta y establecer una especie de hoja de ruta para una Cataluña independiente, ignorando la Constitución española. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocó oficialmente el referendo y el gobierno de Mariano Rajoy denunció su acción ante los tribunales.

POSTURAS ANTAGONICAS

El gobierno central de España considera la consulta ilegal y la justicia le dio la razón. El Tribunal Constitucional prohibió la consulta al considerar que vulnera la Carta Magna ya que esta establece que la “soberanía nacional reside en el pueblo español”, es decir, que una parte del pueblo (los catalanes) no pueden decidir por todos. Además, las comunidades autónomas (como Cataluña) no pueden llamar a un referendo, que es una facultad del Rey a propuestas del presidente del Gobierno con venia legislativa.

A su vez el gobierno catalán no reconoció la decisión del Tribunal Constitucional y continuó con los preparativos para llevar a cabo la consulta., por lo que Madrid anunció que recurrirá a todas las herramientas judiciales para frenarla y la Guardia Civil, por orden judicial, llevó a cabo detenciones e incautaciones de urnas y papeletas para desmontarlo. La tensión política ha provocado una brecha social que estos días se plasmaba en las calles y de momento no hay señales de que la situación vaya a mejorar.

Ningún país apoyó la consulta, excepto Venezuela, aunque algunos medios en el extranjero han instado al gobierno de Rajoy a negociar con los independentistas.

En este clima de crispación, es difícil predecir el resultado del referendo, pero una encuesta pública encargada por la Generalitat mostró en junio de este año que el 49% de los catalanes se oponían a la independencia, mientras que un 41% estaban a favor. No obstante, un 48% apoyaba que se celebrara la consulta “tanto si lo quiere como no el gobierno español”, un 23% si Madrid la respaldaba y sólo un 22% la rechazaba, lo que implica que los catalanes quieren ser más artífices de su destino que separarse de Madrid.