En CABA y Rosario, el mismo dilema

Casi no hay una gran urbe en el país que no tenga que lidiar -a su manera- con el complejo problema que plantean los cuidacoches que dominan las calles. A su manera, porque falta consenso sobre la mejor forma de atacar el auge de esta actividad y menos aún existe una estrategia coordinada entre los distritos.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por caso, hace años que sucesivos proyectos para regularizarlos o prohibirlos quedaron trabados al no lograr el acuerdo de los ediles. Hoy, en CABA, sin una normativa claramente redactada en el Código de Contravención, el 99% de las causas contra los trapitos terminan archivadas porque, por la forma en que está redactado el artículo, para que haya un castigo debe probarse que el acusado haya “exigido” una retribución.

En años recientes el macrismo intentó varias veces prohibir la actividad, pero nunca lo logró. Y muchos recuerdan que en 2012 el Ejecutivo porteño vetó una norma que proponía legalizar a los trapitos a través de un registro oficial.

Este año el tema se volvió a discutir en el marco de la reforma del Código de Contravenciones, pero la cuestión sigue sin zanjarse.

En tanto que en Rosario por estos días avanza “un proyecto de inclusión social de las personas que se desempeñan como cuidacoches”, según lo describen los medios locales.

En esa ciudad el ejecutivo firmó un convenio con el Movimiento Solidario Rosario (MSR) que “va a trabajar identificando a los cuidacoches, les darán una credencial de Cuidacoches Sociales, van a trabajar con sus familias y tendrán el respaldo del Estado para acompañarlos para conseguir una alternativa para una mejor calidad de vida”, se explicó. La experiencia empezó a llevarse a cabo a mediados de octubre último.

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