Un dirigente de un club de barrio sale a vender su auto por una deuda de la entidad

A diferencia de lo que ocurre en algunas entidades de mayor envergadura, a las que en ocasiones entran pobres y salen ricos, en los clubes de barrio platenses los dirigentes suelen entrar con poco y salir con menos. O llegar en auto e irse a pie, como le acaba de ocurrir a una de las autoridades de un centro de fomento hornense, que decidió vender su vehículo para afrontar las consecuencias de una situación límite, en la que a las ajustadas finanzas de la institución les dio el golpe de gracia una demanda laboral.

A mediados de 2015, la entrada en vigencia del nuevo Código Civil estableció que ante hechos que merezcan sanciones judiciales y de los que se halle responsables a los clubes, no sólo se pueda accionar contra el patrimonio de la institución sino el de sus miembros de comisión directiva.

“A principios del año pasado, de buenas a primeras nos inició un juicio laboral una persona que se desempeñó más de 25 años en el club, que era socia -por lo que había aprobado los balances sin objeciones- y que había llegado de la mano de su padre, ex dirigente” recuerda Daniel Arteca, vicepresidente de Alumni de Los Hornos: “organizó el festival de su deporte, luego no vino más, sorpresivamente se declaró ‘despedida’ y nos envió cartas documento para pedirnos más de un millón de pesos”.

“Llegamos a un acuerdo por una suma menor, pero el club no tiene, ni cerca, manera de cubrirla; hay apenas cien socios que pagan treinta pesos por mes y entre tarifazos y gastos corrientes estamos al día, con suerte” precisa Arteca: “así que fueron por el patrimonio de los dirigentes, empezando por el presidente y luego el vice. El presidente es una persona mayor, es fundador del club y no se merece esto. La única salida es vender mi auto”.

Esta versión de lo que caracterizan como “industria del juicio” desvela a los dirigentes de los centros de fomento barriales y los referentes de las entidades que los nuclean.

“Conocemos ejemplos que indignan y desalientan a quienes todavía quieren involucrarse, por vocación de servicio, en los clubes” advierte Alberto Alba, presidente de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas local: “padres que fueron ‘a dar una mano’ con los equipos de fútbol infantil y luego alegaron en la Justicia que estaban en relación de dependencia como ‘preparadores físicos’ de los nenes, o ayudantes que llevó algún buffetero a su concesión, por su cuenta, y luego demandan a los clubes... hay de todo”.

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El nuevo Código incluye una norma que habla expresamente del deber de “lealtad y diligencia” que deben tener los administradores de las entidades, y que implica que tengan que responder en forma ilimitada y solidaria por cualquier daño causado por “culpa” en el ejercicio de sus funciones, sea por acción u omisión.

Tenemos apenas cien socios que pagan treinta pesos por mes, imposible cubrir un juicio”
Daniel Arteca, Alumni de Los Hornos

Con sede en 148 entre 66 y 67, Alumni tiene en sus planteles 250 pequeños futbolistas; muchos están “becados”, porque provienen de los asentamientos cercanos a la cancha de 70 entre 147 y 148. Además, sesenta nenas hacen patín; veinte chicos practican tae-kwon-do, otros treinta kickboxing, quince básquet y hay una veintena de adultos mayores que juega a las bochas.

“Para mantener la función social y las sedes activas, los clubes suelen acordar con los profesores de las diferentes actividades la cesión del espacio a cambio de un treinta por ciento de lo que perciban mensualmente de los deportistas” precisa Juan Carlos Martín, vice de la Federación : “es una relación de mutuo beneficio; pero aunque se trabajó en diferentes opciones para encuadrar esa relación en el monotributo, y de manera de que haya aportes para un ‘fondo de desempleo’, los tribunales siguen fallando en contra de los clubes cuando surge algún planteo”.

“Lo cierto es que si se siguieran a rajatabla las exigencias de los gremios, el municipio, la Provincia, la AFIP y otras dependencias, ir a básquet en un club de barrio debería costar como 1.500 pesos por mes” calcula Alba: “las entidades de bien público no deberían tratarse como si fuesen empresas o comercios. Tendría que haber alguna clase de categorización o contemplación, porque tal como están las cosas salen ganando los que especulan y perdiendo los pibes”.