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Por RICARDO ROSALES
Las dos piezas angulares del reformismo económico del presidente Mauricio Macri, la impositiva y la laboral, iniciaron el camino del escrutinio público.
La primera, recibió fuertes objeciones del lobby de la industria de gaseosas y de bebidas alcohólicas, algo esperable ya que son las excepciones en donde aumenta la carga tributaria.
Menos conocidas son las advertencias que hicieron llegar los bancos al Gobierno.
En la laboral, como era de esperar la CGT objetó casi todo el pliego.
Aunque no son muy claros los términos de esa negociación del Gobierno con la cúpula sindical, en la que también están en juego los fondos de las obras sociales.
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En la tributaria, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne abrió igualmente una negociación al admitir la posibilidad de cambios.
El impulso electoral aceleró las dos iniciativas oficiales.
Aunque la sanción y la instrumentación quizás tarde algo más de tiempo.
Hay muchos cambios propuestos, pero la mayoría entraría en vigencia en un plazo de cinco años.
Por lo cual no es casualidad el mote de voluntarista que cosecho la propuesta tributaria.
¿Qué pasa si los cambios progresivos no se concretan? ¿O algunas modificaciones van más rápido que otras?
Aunque el interrogante mayor tiene que ver con algo más sencillo.
La baja de impuesto tiene un costo fiscal que el Gobierno estima en 1,5 puntos del PBI, ya sea por las rebajas de ingresos brutos y sellos en las provincias, y las propuestas por la Nación.
El Gobierno espera compensar la caída de recaudación con un mayor crecimiento de la economía.
Tiene el antecedente de la rebaja de retenciones en el campo, que impulsó con fuerza la cosecha.
Aunque, los puntos de comparación no son los mismos.
El riesgo no es solo que no ocurra un mayor crecimiento económico, sino el elevado déficit fiscal.
¿Habrá un comportamiento responsable de las provincias y compensarán con un menor gasto su pérdida de recursos?
¿Y la Nación, qué planes y partidas tiene en mente recortar para compensar el desbalance?
El gradualismo fiscal ha sido un arma efectiva en los últimos dos años, sostenido por el mayor endeudamiento.
Un escenario que podría extenderse al menos por dos años más, según dijo el ministro de Finanzas, Luis Caputo.
Por ahora, la Argentina está muy lejos del equilibrio fiscal.
El aspecto más novedoso de los cambios tributarios es que por primera vez se grabará la renta financiera en cabeza de los particulares.
Y precisamente, en un país que requiere endeudarse la medida ha desatado controversias.
Aunque desde el punto de vista de la equidad, no haya objeciones por hacer.
La instrumentación podría ser la mayor dificultad y sobre la que ha comenzado las objeciones de los banqueros. El problema es también fácil de advertir.
Los bancos toman fondos para sus préstamos en pesos, por la que pagan una tasa de interés por los plazos fijos.
Pero en el futuro, con un impuesto del 5 % el ahorrista común se descapitalizará.
Las tasas actuales, en el mejor de los casos, compensan la inflación.
Y si tributaran el 5%, tendrán una pérdida. Y si los bancos debieran ofrecer más interés, también lo trasladarán a los créditos. Ya sea para el consumo, compra de inmuebles u otros bienes como autos o electrodoméstico.
¿El Gobierno estaría de acuerdo en retroalimentar una mayor suba de tasas por esta vía?
¿Cuánto afectará el crecimiento y el consumo?
El impuesto a la renta en dólares origina menos dificultades.
El precio de los bonos argentinos en moneda extranjera se define por los inversores externos, que son los mayores tenedores.
Y estos ya pagan en sus respectivos países el impuesto a la renta financiera. Los cambios locales no les modifican en nada su situación.
Y respecto a los ahorristas locales, las tasas son tan altas que continúan siendo atractivas.
Un aspecto distinto tiene que ver con quienes blanquearon y ahora le modifican las reglas acordadas por la anterior ley.
Nuevo pero habitual en la historia argentina.
Con el empleo, los cambios tributarios han originado expectativas sobre los costos y una menor informalidad.
La reforma reduce la carga en los salarios más bajos, aunque los aumenta para los ingresos más altos.
Las cargas patronales tendrían un mínimo no imponible de 12.000 pesos y al mismo tiempo las eleva del 17 % actual al 19,5 para los mayores y elimina el tope actual de 82.000 pesos. La estimación es que en general se rebajan los aportes para la mayoría de las empresas. Aunque no es un cálculo exacto. El resultado final para cada empresa dependerá de la composición de su planilla de trabajadores. A primera vista, ayudaría al blanqueo de personal de las empresas con mano de obra poco calificada, pero puede que los costos no bajaran tanto para las firmas con trabajadores de alta calificación.
Un último interrogante, es qué sucedería con el ahorro con el impuesto a la renta financiera y la mayor carga social en los salarios más altos.
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