Panamá Papers: el juez Casanello se declaró incompetente

El juez federal Sebastián  Casanello se declaró hoy incompetente en la causa denominada "Panamá  Papers" ("Papeles de Panamá"), en la cual está involucrado el  presidente Mauricio Macri, y se desprendió del expediente enviándolo a  otros fueros.    

Casanello decidió enviar parte de la causa al fuero en lo  Penal Económico al considerar que no hay indicios de lavado de dinero  sino solo sospechas de alguna anomalía tributaria, mientras que  otro segmento lo remitió a un juzgado de instrucción donde se  investigaban irregularidades en declaraciones juradas del hoy presidente  cuando era jefe de Gobierno porteño.    

"El juzgado valoró que los exhortos diligenciados por la  justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no habían aportado ningún  dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se  hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas  o movimientos bancarios de dudosa procedencia", dijo.    

El fallo del magistrado remarcó que el informe de la Unidad de  Información Financiera (UIF) concluyó que "no vemos (...) actos  concretos que puedan tener virtualidad para configurar la hipótesis  prevista" de supuesto lavado de dinero.    

Por todo ello, resolvió que "al haber descartado la hipótesis  de lavado de dinero" y únicamente quedar por investigar un  supuesto "remanente impositivo" ante la AFIP correspondía "declarar la  incompetencia del fuero federal".    

Según el informe del juzgado publicado en el Centro de  Información Judicial (CIJ), Casanello llevó a cabo un detalle de las  hipótesis investigadas, y colocó inicialmente aquella que se orientaba  en determinar si la "vida social de las empresas" Fleg Trading,  radicada en Bahamas, y Kagemusha, radicada en Panamá, "había  infringido algún tipo penal".    

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Pero la UIF estableció que "Fleg Trading había sido dada de  baja del registro de Bahamas por falta de mantenimiento desde el año  2008; que Kagemusha había sido disuelta por haber tenido  morosidad de diez años consecutivos en el año 2006; y que no había sido  posible acreditar documentalmente la existencia de un pago de 9  millones de dólares de Fleg Trading a Socma SA".    

Paralelamente, señala el informe, el juzgado valoró que "los  exhortos diligenciados por la justicia de Bahamas, Panamá, Brasil y  Uruguay no habían aportado ningún dato relevante sobre la  hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con  transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de  dudosa procedencia".    

A criterio del juzgado, "la prueba colectada en la causa  permitía avalar las explicaciones recabadas en el sentido del carácter  blanco de esos dineros y descartar la hipótesis de lavado eje de  la investigación llevada adelante en el fuero federal, en tanto el  quid del asunto pasaba por determinar si Fleg Trading había  introducido en el mercado alrededor de 9.5 millones de dólares de origen  ilícito para adquirir las acciones de Owners do Brasil que tenía  Socma Americana SA, y no qué hizo con ese dinero esta última  empresa".    

Casanello subrayó que "de uno u otro modo, lo que debía  destacarse en primer término es que la omisión maliciosa no es más que  una calificación jurídica, mientras que la hipótesis de trabajo  está constituida por un hecho, que como tal debe ser investigado, y  que dicha maniobra consiste en el ocultamiento de parte del  patrimonio de la esfera de los organismos de control".    

Recordó además que en la justicia del fuero ordinario se está  llevando adelante una investigación por el posible delito de  enriquecimiento ilícito del por entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad  de Buenos Aires a través de una denuncia de la ex legisladora  porteña Gabriela Cerruti.    

En marzo pasado la Sala II de la Cámara Federal había  cuestionado a Casanello su "alejamiento del rol de director del proceso" y  con "su particular método de llevar adelante esta causa (dejar)  sin norte la investigación",  y le había advertido que no podía  inmiscuirse en causas ya abordadas en otros juzgados.    

Los "Panamá Papers" son un escándalo internacional en donde  quedaron expuestos documentos confidenciales vinculados a la firma  panameña Mossack Fonseca, que mostraban cómo funcionarios y  empresarios de todo el mundo hicieron negocios en paraísos fiscales  utilizando compañías offshore y cuentas secretas.    

El apellido Macri estaba en la lista y el Presidente quedó  formalmente imputado por "omisión maliciosa" y "lavado de dinero".    

A fin del año pasado se presentó sorpresivamente en el  expediente Franco Macri para intentar despegar a su primogénito. Dijo que  colocó a sus hijos -Mauricio, Gianfranco y Mariano- "como  accionistas de distintas sociedades desde que eran muy jóvenes" y los  designó en los directorios, incluso sin su consentimiento.    

El 1 de febrero pasado, apenas retomó la actividad judicial en  Comodoro Py, el fiscal Federico Delgado le pidió al juez  Casanello apurar el esclarecimiento del caso y dejó entrever el pantano en  el que podría caer la causa: mucha de la información que se  necesita está en el exterior y hay que reclamarla vía exhortos, que  promueve el Poder Ejecutivo.    

Casanello es el juez que sobreseyó a Macri en la causa de las  escuchas telefónicas ilegales poco después de que el ex presidente  de Boca y ex jefe de gobierno porteño asumiera la primera  magistratura, en diciembre de 2015.