Cambia de fiscal la causa por la muerte en una fiesta ilegal

Por disposición del fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, la causa por la muerte de Emilia Uscamayta Curí, ocurrida el 1º de enero de 2016 en una fiesta clandestina, pasará a la fiscalía de Marcelo Romero.

Según pudo saber este diario, la decisión se dio luego de los fuertes tironeos existentes entre la familia de la víctima y quien era hasta ahora el responsable de la investigación, Alvaro Garganta.

Precisamente, en medio de las versiones que en las últimas horas dieron cuenta de que el titular de la UFI Nº 11 de nuestra ciudad había sido separado del caso, tras una recusación planteada por el particular damnificado (los padres de Emilia), ayer el propio Garganta aclaró que el pase a la fiscalía de Romero se dio después de que él se excusara de seguir interviniendo en el proceso.

Ante una consulta de EL DIA, Garganta explicó que “rechacé la recusación, porque entiendo que no hay razón justificada, ni motivos fundados para su progreso. Pero como en la actualidad existe una doctrina, basada en pactos internacionales, que nos permite corrernos de un expediente cuando hay dudas sobre la imparcialidad del fiscal, lo hice para darle mayores garantías a la familia”.

LOS IMPUTADOS

Como se recordará, la causa tiene a los cuatro organizadores del evento imputados (Carlos Bellone, Raúl García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure) y sólo este último sigue detenido, porque violentó el arresto domiciliario tras haber sido condenado por otra muerte, la de Andrés Maldonado, frente al boliche Alcatraz de Berisso, en el año 2009.

La fiesta mortal se hizo el 1º de enero en una quinta de 520 entre 159 y 160.

Las autoridades municipales habían labrado actas intimando a los organizadores a no realizar el evento y aquella madrugada inspectores lo clausuraron, pero sin desalojo.

Durante la fiesta, según distintos testimonios, no había guardavidas ni asistencia médica. Emilia murió ahogada en una piscina.

Bellone es el propietario del predio; García un coordinador turístico; Piedrabuena el dueño de un conocido boliche platense y Haramboure un relacionista público.

A todos les imputaron el delito de “homicidio culposo”, mientras que al ex secretario de Seguridad de la Comuna local, Daniel Piqué, que sería el quinto procesado, le endilgaron un supuesto “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, ya que no habría tomado las medidas que el caso aconsejaba, como sería la clausura del inmueble; su inmediato desalojo y, fundamentalmente, la presencia de personal policial, de acuerdo al requerimiento que oportunamente realizara Garganta.

Por último, por este trágico suceso también fue denunciado el propio intendente Julio Garro, por una presentación que hizo el abogado Adrián Rodríguez Antinao, en representación de la familia de la víctima.

El planteo, que ingresó en la fiscalía de Leila Aguilar, apuntó a que el jefe municipal sostuvo en su puesto a Piqué, pese a la imputación en su contra.

“Omitió deliberadamente la suspensión preventiva que establece la normativa vigente y que debió recaer sobre el comisario retirado Daniel Omar Piqué, a partir del mismo momento en que fuera imputado de un grave delito el día 8 de septiembre de 2016”, expresó.

“Si bien no existe un plazo legal específico para el dictado del acto administrativo de suspensión preventiva del funcionario imputado, lo cierto es que -Julio Garro- no hizo lo que debía hacer por mandato legal”, precisó.