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Mientras crece su comercialización con fines recreativos, los expertos aseguran que los controles son escasos
De un tiempo a esta parte, los drones se popularizaron y su uso recreativo se extendió a varios hogares de la región - shutterstock
Hay una propaganda que se ve por estos días y que bien sirve para ilustrar el fenómeno: cansada de que su gato se cuelgue del dron y haga un desastre por toda la casa, una mujer decide recurrir a una página de venta online y poner a la venta el artefacto usado. La escena siguiente es el mismo dron pero con dueño y uso diferente: ahora lo maneja un señor que lo utiliza para que le lleve una pizza mientras mira televisión. Ya sea para uso doméstico, para filmar desde las alturas o para fines de seguridad, lo cierto es que los drones se volvieron más populares y, con su explosión, las regulaciones establecidas en un principio parecen ahora haberse quedado cortas.
“Mientras sus precios se reducen y están cada vez más disponibles en las tiendas, se ha popularizado en escenarios diversos, desde el hogareño al de la producción agrícola y el de las fuerzas de seguridad, sin que esto suponga controles más estrictos”, apuntaron desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Como se sabe, el origen de los drones hay que buscarlo en el ámbito militar y en los servicios de inteligencia. Pero eso fue sólo al principio: desde hace un par de años son de uso hogareño y en varios negocios de la Ciudad ya se consiguen a precios que rondan los 5 mil pesos. Y a veces hasta más baratos.
Los equipos destinados al uso hogareño, que se venden en casas de electrodomésticos y tienen baterías que le mdan una autonomía de unos 15 minutos, se pueden manejar desde un smartphone o una tablet, con iOS o Android. El drone incluye un pequeño módem que emite una señal de wifi que vincula a ambos equipos. Pueden tener entre 3 y 8 hélices que sirven para otorgarle mayor equilibrio; y se les puede colocar una cámara, incluso cámaras fotográficas hogareñas, siempre que no sean muy pesadas.
Frente a esto, la entidad reguladora del espacio aéreo argentino viene pidiendo desde 2015 la certificación de los aviones no tripulados, de sus operadores y un seguro que varía según el uso que se le quiera dar, pero la aplicación de estos requisitos, aseguran, sigue siendo deficitaria.
“Sabemos que tenemos que registrarlos pero cuesta instrumentar el cómo -sostienen desde la entidad estatal-. Hace un año que estamos trabajando porque, de todas las personas que nos preguntan cómo se hace, llegan hasta la certificación menos del cinco por ciento”.
Al momento de su publicación, la normativa fue criticada porque excluía en el texto el uso de los drones para fines recreativos: aquellos de menos de un kilo y medio de peso y que son -no casualmente- los más difundidos.
“Hoy uno puede volar un dispositivo de 750 gramos a 50 metros de altura. Si se ‘planta’ el motor y se cae sobre la cabeza de una persona, es casi un ladrillazo, sin que nadie se haga responsable y sin seguro”, comentó la misma fuente de la ANAC.
Desde el sector privado, Gaston Allois, CEO de Drones-Tec, destaca la buena predisposición de la ANAC para mejorar una legislación que “está muy enfocada en la cuestión civil y a la que le falta todo un espacio para la cuestión comercial”.
Según Allois, “hay un mercado en expansión, pero aun no se comprende el potencial de los drones. Si uno quiere reportar un accidente en Panamericana, no pueden pasar horas para conseguir un permiso. También se prohíbe el transporte de paquetes, una de las actividades con más futuro en el mercado”.
En el imaginario de los emprendedores aparecen las experiencias encaradas por las empresas Amazon, UPS y DHL, que ya trabajan experimentalmente en la entrega de productos puerta a puerta con aeronaves no tripuladas en países como Estados Unidos.
El funcionario de la ANAC coincidió con el diagnóstico: “Yo no sé cuan verosímil es que los drones terminen transportando personas, pero la logística chica seguro. El envío de una carta o un paquete va a ser más segura y más rápida que con un motoquero”.
En ese sentido, todos los consultados apuntan contra la “rigidez” de un mundo aeronáutico que se sostiene en el principio de que “todo lo que vuela es un avión”, lo que atenta contra la buena regulación de las nuevas tecnologías.
De los campos posibles de aplicación, los agronegocios son aquellos que tiene mayor potencialidad en el país para el uso de estos artefactos. Mauro Pinotti, especialista en nuevas tecnologías del INTA, señaló que los drones “tienen aplicaciones infinitas con un menor costo y mantenimiento que las operaciones a cargo de aviones tripulados”.
En este sentido, remarcó la prohibición ya aplicada en algunos países para fumigar desde aeroplanos por su poca eficiencia y eficacia a la hora de lanzar agroquímicos. El uso del GPS les da a autonomía a los drones para recorrer amplias distancias, mientras que los datos aportados por instrumental de precisión -como cámaras infrarrojas- también facilita la evaluación de riesgo agropecuario.
Como ejemplo, el ingeniero agrónomo del INTA Juan Pablo Velez explicó que en la actualidad el dispositivo “identifica animales, los cuenta y envía la información o dice cómo está un cultivo para que actuar a tiempo y revertir una situación problemática”.
Los drones, claro, también se emplean para tareas de seguridad, tanto por personal de las fuerzas estatales o por empresas privadas. Por ejemplo, la Policía Federal cuenta con un drone DJI modelo S1000 que usa para filmaciones y seguimientos en investigaciones judiciales.
Otras posibles áreas de aplicación incluyen el revelamiento de infraestructura vital, desde puentes hasta centrales eléctricas, que necesitan de drones especiales y personal calificado para su vuelo. Pero con las bajas tasas de acreditación de usuarios y aeronaves, los controles de la ANAC son de casi imposible aplicación: “Sabemos que lo tenemos que hacer, pero lo estamos haciendo mal”, concluyeron desde la entidad.
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