Los colegios privados reciben $125 de cada $1.000 del presupuesto educativo

Si se toman en cuenta los presupuestos de las provincias argentinas, que son las que financian a los colegios privados, surge que $124 de cada $1.000 se destinan a la educación particular. Si es mucho o poco lo decidirá cada uno de acuerdo a su postura sobre el apoyo económico que, objetivamente, le brinda el Estado al sector privado.

Un trabajo de la académica Cecilia Sleiman, de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), revela que los establecimientos que reciben mayor porcentaje de subvención son los confesionales de nivel secundario, que los aportes se dirigen a la cobertura del costo laboral (salarios docentes), que hay enormes diferencias entre jurisdicciones (menos de $5 de cada $1.000 en Formosa, Chubut, La Rioja y Neuquén y más de $15 de cada $1.000 en Córdoba, Santa Fe, Misiones, CABA y Entre Ríos), y destaca “la arbitrariedad o la poca transparencia que caracteriza a la asignación de subvenciones a las escuelas privadas en nuestro país”, de acuerdo a diversos estudios.

En la provincia de Buenos Aires, el Estado destina $125 de cada $1.000 del presupuesto a los colegios privados, que suman 4.877 (31% de total) y albergan a 1.388.239 alumnos (36,4% del total).

El trabajo de la UNIPE resalta que tanto la Ley Federal de Educación de 1993 como la Ley de Educación Nacional de 2006 definen a las escuelas pagas como “públicas de gestión privada”, lo que califica como “una estrategia discursiva y normativa que permitió dotarlas de una renovada legitimidad”.

El especialista en educación y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, Mariano Narodowski, define a “la privatización de la educación en la Argentina” como “la política educativa más lamentablemente exitosa de los últimos 50 años”.

Luego de un repaso histórico (ver artículo en página 16), se pregunta “¿por qué todos los gobiernos han mantenido este esquema como una verdadera política de Estado? Civiles y militares, nacionales y provinciales, peronistas, radicales, socialistas, del Pro: a todos resulta efectivo que una parte de la población financie la escuela con su propio bolsillo, aún cuando los subsidios estatales bajen un poco los precios de las escuelas privadas”, responde, y propone “discutir este tema sin prejuicios: sin el dinero de las familias, hoy el sistema educativo no resiste un solo día por falta de recursos estatales para educar a todos”.

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También realza que apenas tres países en todo el mundo (Argentina, España y Australia) tienen el conocido modelo de subvención.

Sistema “injusto”

El director del departamento de Ciencias de la Educación de la facultad de Humanidades de la UNLP, Martín Legarralde, subraya que “si bien las leyes de educación nacional y provincial ubican a las escuelas privadas dentro del sistema público, y establecen regulaciones comunes tanto para las escuelas estatales como para las privadas, estas últimas cuentan en muchos casos con condiciones que se les retacean a las escuelas estatales, desde la infraestructura hasta la oferta de actividades extra-curriculares”.

“Entonces -agrega-, un problema central de las subvenciones estatales a la educación privada tiene que ver con que el esfuerzo de financiamiento público sostiene un sistema compuesto por instituciones en condiciones desiguales. Esto es importante porque resulta injusto que el Estado financie escuelas privadas cuando aún no garantiza condiciones a las escuelas estatales existentes, ni ha logrado su plena cobertura”, remarca el experto (ver columna de opinión).

¿Cómo lo público ayuda a sostener la educación privada?

El informe de la UNIPE indica que las provincias son las responsables de administrar los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario de la enseñanza. También que es su responsabilidad remitir las transferencias de dinero a las instituciones de gestión privada para financiar, parcial o totalmente, los salarios de sus docentes.

En la actualidad, al sector privado asiste el 33% de la matrícula de nivel inicial, el 27% del nivel primario, el 29% del secundario y el 20% del universitario. El análisis se centra en los niveles primario y secundario.

Y dice que “de los 3.856 establecimientos primarios de gestión privada del país” hay un “70% que recibe algún tipo de subvención estatal (74% confesionales y 63% laicos)”.

Se observan grandes diferencias entre las jurisdicciones, porque la participación del sector privado en cada una es muy heterogénea. Mientras la CABA tiene un 48% de alumnos en escuelas privadas, Formosa tiene el 9%, y provincias como Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires cuentan con el 26%, 30% y 36% de matrícula en escuelas privadas primarias, respectivamente.

Para el caso de las secundarias privadas, que en 2016 ascendían a 3.912 establecimientos (total país), un 77% recibe apoyo estatal. Es decir, más que las primarias, situación que “puede deberse a la menor oferta estatal de educación para el nivel secundario (ver gráfico en página 16)”. El 81% de esas escuelas son confesionales y el 70% son laicas.

“Al analizar la situación por provincias, también se observan diferencias a lo largo y ancho del país, tanto en la participación de escuelas privadas como en la distribución de sus subvenciones. Respecto al porcentaje de matrícula en escuelas privadas en relación al total de las escuelas, en un extremo se encuentra la CABA, donde cursa el 50% del total de estudiantes secundarios, y en el otro, la provincia de Formosa, con una matrícula de nivel secundario en la educación privada del 10%”, puntualiza el informe que, en el final, remarca “la arbitrariedad y la poca transparencia que caracteriza la asignación de subvenciones (...) Las jurisdicciones no siempre publican los listados y los criterios que rigen para hacerlo, práctica que sería importante para abonar a la transparencia en el uso del presupuesto educativo. De todas maneras, las transferencias no son el único financiamiento que reciben las escuelas privadas por parte del Estado. Otro beneficio es la exención impositiva, al menos en IVA y Ganancias, ya que las escuelas son consideradas entidades sin fines de lucro. Y una tercera ventaja es la exención de pagar contribuciones patronales a sus docentes, lo que responde a una larga tradición política”.