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La investigación que hoy culminó con la detención del empresario Enrique Juan Blaksley Señorans estableció que para el desvío de fondos obtenidos mediante las estafas a los ahorristas se utilizó un complejo entramado societario con base en Panamá. Esto surge de la acusación de la fiscal federal Alejandra Mángano y los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta.
De acuerdo al expediente, la firma local Hope Funds S.A. o Marketsite LTD, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, conformó unas 25 empresas en el país y muchas de ellas eran utilizadas únicamente para canalizar los flujos dinerarios, mientras que otras tenían actividad real.
Ya iniciada la investigación, el grupo comenzó a proceder al cierre de las cuentas bancarias y también se investiga si la enajenación de algunas de esas empresas fue ficticia. Por otra parte, se les imputa la reinserción de activos de origen ilícito en el mercado por montos que superaron los 5.000.000 de dólares y los 16.000.000 de pesos.
Estos hechos se llevaron a cabo mediante la constitución de sociedades en Panamá, las cuales fueron utilizadas para la adquisición catorce inmuebles en ese país; la colocación de al menos 331.229 dólares en el fideicomiso Verazul mediante adhesiones realizadas por prestanombres y la posterior rescisión y cesión a la sociedad Wall Street Group SRL de los montos abonados, a su vez cedidos a Hope Funds.
Según la acusación fiscal, los fondos también se cedieron a favor del Instituto Amanecer SRL a través de un cheque por 15.484.634,55 pesos librado por Emprendimientos Recoleta S.A. a favor de Hope Funds S.A.; y la transferencia de 1.062.100 pesos desde una cuenta de la empresa Grileon S.A. hacia una cuenta de Instituto Amanecer SRL.
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Sobre los hechos acaecidos en Panamá, se utilizaba un procedimiento de actuación que consistía, primero, en la constitución, a través del bufete MF & CO (Mossack Fonseca, clave en la trama de los Panamá Papers) de una persona jurídica en ese país, de la que Enrique Blaksley Señorans, Alejandro Miguel Carozzino y Verónica Inés Vega eran directores y cuyo capital social era suscripto por sociedades pantalla constituidas por dicho estudio jurídico.
En segundo término, se adquiría un inmueble por parte de la sociedad constituida; luego se reemplazaba a los imputados por prestanombres en el directorio de la sociedad y en cinco casos se realizó la posterior venta de la propiedad.
Así, al menos, se han podido captar fondos por 550.678.556,66 pesos sin la intención de restituirlos a los inversores ni de aplicarlos a inversiones consistentes con los plazos de devolución allí dispuestos. Si bien se utilizaron otros instrumentos, el 96,27% del total hasta ahora relevado de los fondos obtenidos se instrumentó a través de contratos de mutuo suscriptos entre los inversores y la firma local Hope Funds S.A.
LA CAUSA CONTRA BLAKSLEY SE INICIÓ POR UNA DENUNCIA DE LA AFIP
La causa que derivó hoy en la detención del empresario Enrique Juan Blaksley Señorans y sus socios se inició a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por múltiples delitos, entre ellos asociación ilícita, estafa, circulación y reinserción en el mercado de fondos, evasión fiscal y quiebra fraudulenta.
Según informó el organismo en un comunicado, las maniobras las detectó el área de Grandes Contribuyentes Nacionales "luego de corroborar la existencia de una estructura jurídica y operativa destinada a captar fraudulentamente sumas de dinero de ahorristas en todo el país, por fuera de lo que prevé la Ley de Entidades Financieras".
En la denuncia de la AFIP, se detalló un entramado societario dirigido, por un lado, a captar el ahorro del público ofreciendo exorbitantes tasas de interés y, por otro que, ese dinero se enviaba a distintas sociedades radicadas en paraísos fiscales, principalmente en Panamá.
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