Aceptaron la renuncia del juez que investigaba la muerte de Pérez Volpin

El Consejo de la Magistratura de la Nación aceptó hoy sin debate el pedido de renuncia de Gabriel Ghirlanda, el juez que inició la causa por la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin, y ratificó en su reemplazo al juez penal Carlos Bruniard.

Si bien la renuncia efectiva de Ghirlanda tuvo lugar el último 19 de marzo, el Consejo la confirmó hoy en su reunión plenaria, por un plazo de seis meses o hasta que se designe magistrado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 57, que subrogaba este juez.

En el pedido de renuncia, Ghirlanda sostuvo que dejaba el Juzgado 57, y por lo tanto sus expedientes, para concentrarse en un juicio oral pendiente.

Bruniard en tanto comenzó a entender en la investigación por la muerte de la periodista el 23 de marzo y dejó hasta hoy la investigación delegada en la fiscalía.

Ayer, el abogado de la familia de Pérez Volpin, Diego Pirota, acusó a Ghirlanda de haber resguardado "los intereses de Galeno", la empresa que gerencia la clínica "La Trinidad" donde murió la periodista.

Pirota añadió que analiza denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura dado que, según su criterio, "no merece seguir desempeñándose en la función pública".

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La asociación "Madres del Dolor" pidió en diciembre de 2005 el juicio político a Ghirlanda por haber liberado a Claudio Adrián Alvarez, acusado de asesinar a una mujer y violar a su hija.

Según la entidad, en agosto de aquel año le habían advertido al juez que Alvarez, con antecedentes, iba a matar a alguien, pero Ghirlanda habría desechado esa posibilidad.

En marzo de 2011, volvió a ser cuestionado por la madre de Zahira Morales, la nena de 7 años que murió por la caída de un árbol en el bario porteño de Almagro, por haber dictado la falta de mérito a los funcionarios porteños involucrados, que sin embargo fueron condenados años después.

Dos años después, en marzo de 2013, Ghirlanda fue acusado junto a otros jueces por "negación de justicia, asociación ilícita y corrupción", "y los delitos de obstrucción de justicia y corrupción", pero la denuncia fue desestimada por el Consejo de la Magistratura.