En un movimiento estratégico para acelerar los tiempos judiciales, el Gobierno Nacional, a través de la Procuración del Tesoro, presentó un recurso de “per saltum” ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo central es que el máximo tribunal revoque la suspensión que pesa sobre la reforma laboral, ante una presentación de la CGT, incluida en la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
La utilización del “per saltum” busca que la Corte intervenga de inmediato en el expediente. Con esta medida, el Ejecutivo pretende:
Evitar el paso por la segunda instancia: no esperar el fallo de la Cámara de Apelaciones.
Garantizar seguridad jurídica: argumentan que la urgencia económica y la necesidad de generar empleo formal requieren una definición inmediata sobre la constitucionalidad de la norma.
Levantar la cautelar: dejando sin efecto la suspensión que mantiene frenados los artículos referidos a las indemnizaciones, periodos de prueba y regímenes de contratación.
El escrito presentado por los abogados del Estado sostiene que la actual parálisis de la reforma genera un perjuicio institucional grave. Según el planteo oficial, la Ley 27.802 es una pieza clave para la “modernización de las relaciones del trabajo” y su postergación afecta los planes de inversión y crecimiento previstos por la administración actual.
Ahora la pelota está en la cancha de la Corte Suprema, que deberá decidir en primer lugar si declara el recurso como “admisible”.
De ser así, los jueces se abocarán al análisis del fondo de la cuestión para determinar si la reforma laboral puede entrar en vigencia plenamente o si se mantiene el freno judicial.
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