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Alina Dieste
EE UU aumentó el lunes la presión sobre la Venezuela de Nicolás Maduro, cuya reelección consideró una “farsa”, con sanciones que buscan restringir el financiamiento del gobierno, pero sin golpear aún de lleno al crucial sector petrolero.
El presidente Donald Trump prohibió a personas y entidades estadounidenses comprar obligaciones de deuda venezolana, entre ellas de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), motor de la economía del país. El decreto abarca todas las transacciones de deuda con el gobierno venezolano o empresas estatales, entre ellas PDVSA y el Banco Central de Venezuela (BCV), y alcanza a los pagarés conocidos como “cuentas por cobrar”.
Altos funcionarios dijeron que Caracas usó estos instrumentos para obtener efectivo en medio de la aguda crisis económica en el país, que ha forzado la salida de cientos de miles de venezolanos.
EE UU declaró a Venezuela como “una amenaza para la seguridad nacional” en marzo de 2015, y desde agosto pasado ahondó las sanciones por corrupción y narcotráfico contra funcionarios y ex funcionarios venezolanos, entre ellos Maduro y otros altos cargos.
Washington, que compra un tercio del crudo venezolano, ya había prohibido negociar deuda del Estado venezolano o de PDVSA, y comerciar con el petro, la criptomoneda lanzada en marzo por Caracas.
El gobierno de Trump aún aplica un régimen gradual de sanciones, cuidándose de no presionar al alza los precios del petróleo.
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Sin embargo, hay varias medidas en estudio relacionadas con el petróleo, como la prohibición de la venta de diluyentes y crudos más livianos, las sanciones relacionadas con los seguros (idealmente en conjunto con la Unión Europea) o la opción más agresiva de una prohibición de importación de petróleo.
Si bien un embargo petrolero está entre la opciones presentadas a Trump, “golpear al sector que representa el 95% de las exportaciones de Venezuela es menos urgente ahora que la producción petrolera del país colapsa debido a la mala gestión”, indican expertos. Trump tampoco quiere tomar una medida que hará subir el precio del combustible en pleno verano boreal y antes de las claves elecciones legislativas de medio mandato en noviembre.
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