Crece la impotencia de padres y alumnos por las amenazas de bomba sin fin

Pocas cosas resultan más frustrantes que saber que algo malo va a pasar, y no tener manera de impedirlo. Para las comunidades educativas de decenas de escuelas de la Región, eso es lo que ocurre con el imparable fenómeno de las amenazas de bomba. Ayer al menos tres establecimientos, el colegio Monseñor Rasore, el Albert Thomas y la Secundaria Nº1 de Berisso, volvieron a recibir llamados intimidatorios. Y en el último de los casos mencionados, con una singularidad: hace un mes que ocurre, sin excepciones, todos los días y frecuentemente más de una vez.

En definitiva, las bombas nunca han aparecido, pero la evacuación de los alumnos y el despliegue logístico de las fuerzas de seguridad no saben de suposiciones; debe ser realizado inexorablemente, tal como lo indican los protocolos en vigencia. A pesar de que ya hubo una detención, allanamientos e incluso una mujer de Los Hornos llevó a su hija a una fiscalía para que admitiera culpas, los colegios suman horas de bronca y clases perdidas.

En la ruleta de las amenazas, ayer salieron los nombres del Monseñor Federico Rasore -de 46 entre 7 y 8- , la Secundaria 1 berissense -10 y 169-, y el Industrial Albert Thomas -de 1 entre 57 y 58-.

La situación en torno al colegio situado en el distrito ribereño es de una impotencia “desesperante”, admiten padres y docentes. “Queremos que todos sepan lo que está pasando”, pidió con angustia la preceptora María Aued: “desde hace un mes, sistemáticamente, todos los días recibimos amenazas de bomba en cualquiera de los tres turnos”.

El más reciente de los toques de alarma sonó ayer a las 7.15, el horario en que los chicos comenzaban a entrar. Recién pudieron hacerlo una hora más tarde. “Igual, estamos esperando que a media mañana vuelvan a llamar”, afirmaron los profesores y auxiliares. Pasado mañana, desde las padres y alumnos de la Técnica de Berisso marcharán desde 12 y 70 hasta Montevideo y 6 en repudio a las amenazas.

Con el correr de la mañana, los máximos directivos del Industrial platense de avenida 1 y el Rasore también debieron comunicarse con el Comando de Patrullas para radicar denuncias y pedir la verificación de los edificios, un operativo que puede llegar a movilizar o poner en alerta a brigadas de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y personal de Defensa Civil, además de poner sobre aviso a los hospitales públicos más cercanos. Cada uno de estos despliegues logísticos puede costar al erario público una suma que oscila entre los 40 y 70 mil pesos.

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historia repetida

El actual “boom” de las amenazas tiene muchos antecedentes, pero el más reciente data de hace menos de un año: en octubre de 2017 se registraron casi 2 mil en un mes, en diferentes puntos de la Provincia. En ese momento, quince sospechosos fueron puestos a disposición de la Justicia.

Ahora, se afirma que expertos en “big data” están procesando una vasta cosecha de información digital para arribar a conclusiones que permitan desactivar las intimidaciones.