No deben ceder los operativos contra la venta ambulante

La suma de antecedentes y las experiencias reunidas en los últimos años en torno a la venta ambulante en La Plata -que hablan con claridad de los problemas que acarrea la venta informal, tales como los de trabajo en negro, existencia de mafias, procedencias dudosas de las mercaderías, competencia desleal con el comercio que se encuentra en regla, evasiones a tasas e impuestos municipales, provinciales y nacionales, entre otras gravísimas cuestiones involucradas- justifican en plenitud los operativos que se realicen para erradicarla de la Ciudad.

En este sentido son dignos de mención los últimos operativos desplegados por agentes comunales en el Parque Saavedra y en tramos céntricos de la avenida 7 contra los manteros que se habían instalado, obligándoselos a levantar los puestos precarios.

De este modo se continuó con una intensificación de las campañas contra la venta ilegal, así como con los controles destinados a detectar presencias de vendedores informales en otros lugares. Está claro que nuestra ciudad fue elegida hace años por organizaciones mafiosas que manejan este negocio clandestino en el país y, frente a las cuales, no cabe otra alternativa que la de aplicarles las leyes vigentes.

Es preciso insistir en que La Plata no puede permitir que la venta ambulante pretenda imponer su flagrante ilegalidad. Además de los sobrados argumentos legales, impositivos y comerciales en que fundamentan los operativos, ahora se le suma el denominado principio de autoridad, que no puede verse avasallado a partir de la resistencia de los vendedores ambulantes, empecinados en no acatar las disposiciones del poder municipal.

Se conoce desde hace mucho, además, cuál es la fórmula para mantenerse en la vía pública con su actividad: si el Municipio les levanta el puesto y secuestra la mercadería, al día siguiente vuelven a estar en la misma esquina. En este caso, entonces, la Comuna debe reiterar sin desmayo los operativos, hasta eliminar ese tipo de modalidad comercial que transgrede todas las reglas existentes.

Ya se ha señalado también, en reiteradas oportunidades, sobre lo dañoso que resulta para la actividad económica general -y a a la corta o a la larga, para los propios vendedores y para la sociedad toda- la venta ambulante. No se trata de promover ninguna acción contra personas que, al no contar con otras alternativas, invocan su derecho a trabajar. Se trata éste de un problema social, grave y perentorio por cierto, que el Estado debe preocuparse en resolver, pero nunca al costo de permitir el anárquico desborde que implica la proliferación de la venta ambulante.

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De lo que se trata ahora es de que la Municipalidad, con el respaldo de los cuadros normativos que la avalan, haga valer en pleno su poder de policía, para impedir que florezcan estas muestras de competencia desleal y de total desaprensión en materia higiénica, impositiva y legal, de la que hacen gala organizaciones mafiosas, que son las que promueven esta actividad informal.