Procesan y embargan por $1 billón a García Furfaro

La investigación por el escándalo del fentanilo contaminado dio un paso decisivo. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, procesó a 14 imputados, entre ellos al empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo, donde se produjeron los lotes adulterados que derivaron en la muerte de al menos 20 personas y dejaron bajo sospecha otras 96 muertes en distintos hospitales del país.

El magistrado dictó el procesamiento con prisión preventiva de García Furfaro y le trabó un embargo histórico de un billón de pesos. Para los investigadores, el empresario era el responsable último de las operaciones, garante del control y la seguridad de los productos, y avaló una política empresarial que permitió la adulteración masiva de medicamentos. La resolución también alcanza a parte de su familia: su hermano Diego, su madre Nilda Furfaro (bajo arresto domiciliario) y otros directivos y técnicos de la firma.

En total, quedaron procesados 13 ejecutivos y empleados de distintas áreas de producción y control de calidad de los laboratorios, señalados por incumplir normas esenciales de fabricación y liberar al mercado ampollas de fentanilo en mal estado. Se les imputan los delitos de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración peligrosa para la salud, con resultado de muerte, figuras que prevén penas de entre 10 y 25 años de prisión.

Además de García Furfaro, recibieron prisión preventiva Diego García, Nilda Furfaro, Javier Martín Tchukrán (director de Manufactura), y los directores técnicos José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi. El juez sostuvo que la “conducta deliberada y la política empresarial negligente” priorizó la rentabilidad sobre la seguridad de los pacientes.

Otros procesados, aunque sin prisión preventiva, son la ingeniera química Adriana Iúdica -clave en la causa por haber validado protocolos de los lotes contaminados-, la supervisora Dayana Astudillo Bolívar, la gerenta de calidad María Victoria García, y el jefe de control Wilson Pons, entre otros. A todos se les trabaron embargos multimillonarios y se les prohibió salir del país.

En paralelo, Kreplak dictó la falta de mérito para cuatro imputados, entre ellos Damián García Furfaro, a quien liberó al no encontrar pruebas suficientes de una participación directa en la producción o el control de los lotes adulterados. No obstante, mantiene la investigación abierta y todos continúan con bienes inhibidos y restricciones procesales.

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La resolución de más de 400 páginas valoró documentación adulterada, registros apócrifos, testimonios y chats internos que reflejaron el ocultamiento de prácticas irregulares. El fallo concluyó que el desvío de controles permitió que más de 300.000 ampollas de fentanilo contaminado fueran liberadas al mercado. Con este paso, la investigación entra en una nueva etapa: los principales responsables están procesados y, en su mayoría, bajo preventiva, mientras la Justicia avanza en determinar responsabilidades penales concretas.