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La trama de corrupción que sacude los cimientos de la política argentina

Por MARIANO SPEZZAPRIA

La trama de corrupción que sacude los cimientos de la política argentina

Por MARIANO SPEZZAPRIA
@mnspezzapria

Ya no quedan dudas. Lo confesaron empresarios y también ex funcionarios. Durante el Gobierno kirchnerista funcionó una red clandestina de recaudación que tenía su base en el Ministerio de Planificación Federal. A esa cartera y también a la Jefatura de Gabinete llegaban parte de los fondos destinados originalmente al financiamiento de obras públicas, la energía y el transporte.

Si faltaba un testimonio que cerrara el círculo, ayer lo brindó Juan Manuel Abal Medina, que fue jefe de ministros entre 2011 y 2013 y fue quien recibió parte de esa recaudación ilegal de parte de Roberto Baratta, el encargado de recolectar el dinero entre los empresarios y ahora protagonista involuntario de los cuadernos de Oscar Centeno, el remisero que anotó todas sus andanzas.

Como ya lo hicieron algunos empresarios “arrepentidos” de haber pagado esas coimas, Abal declaró en la causa que instruye el juez Claudio Bonadio que se trataba de “aportes de campaña” para promocionar las candidaturas de Martín Insaurralde en la Provincia y de Daniel Filmus en la capital. El comando político de ambas campañas legislativas tenía su sede en la Casa Rosada.

Ese año, 2013, comenzó justamente el declive político del kirchnerismo: en la Provincia perdió a manos de Sergio Massa y en la capital, del PRO de Mauricio Macri. Sólo dos años antes, Cristina Kirchner había sido reelegida con el 54% de los votos, una avalancha electoral en la que resultó determinante el impacto de la muerte de Néstor Kirchner en 2010. Ahí la recaudación se frenó.

De hecho, en los cuadernos de Centeno consta que Baratta volvió al ruedo en 2013, lo que coincide con el testimonio que acaba de dar Abal Medina. Dicho sea de paso, el que parece haber disfrutado la desgracia del ex jefe de Gabinete fue Aníbal Fernández, quien había sido desplazado de ese cargo por quien llegaba a la gestión –supuestamente- para dotarla de transparencia.

Eso sí, alguna prolijidad tuvieron en la Jefatura de Gabinete porque el secretario privado de Abal, Martín Larraburu, conservó un pendrive con información sobre esos “aportes” y el destino que se les dio en las campañas. Según escribió Centeno en los cuadernos, Baratta llevaba el dinero a la JGM por indicación de Cristina Kirchner. La ex presidenta está citada a declarar el próximo lunes.

El juez Bonadio se encamina a imputarla y a pedir nuevamente su desafuero. Pero el peronismo del Senado no está dispuesto a avanzar en ese sentido. Ayer mismo, escamoteó el quórum de la sesión en la que debía tratarse el pedido del magistrado para allanar los domicilios de Cristina en Recoleta, Río Gallegos y Calafate. Con esa maniobra, el aval lo darían recién la semana que viene.

Los senadores venían de una larga sesión en la que terminaron rechazando la legalización del aborto. En ese encuentro legislativo, Cristina Kirchner sostuvo que los políticos que tienen problemas con los poderes fácticos, son los que intentan modificar el “statu quo”. Un argumento idéntico utilizó Amado Boudou antes de ser enviado a cumplir una condena a la cárcel de Ezeiza.

En el caso del ex vicepresidente, su argumento era que nunca le “perdonaron” que haya sido el promotor de la estatización de las AFJP. Ese relato sirvió durante mucho tiempo casi como una justificación de graves hechos de corrupción, aunque el velo comenzó a correrse cuando se lo pudo ser a José López, ex funcionario de Planificación, revoleando bolsos en un convento.

En aquel momento, el impacto visual fue tremendo, pero a la postre se trató de un hecho aislado porque el ex secretario de Obras Públicas nunca dijo de dónde sacó el dinero y aún hoy sigue preso. En esta oportunidad, las revelaciones de los cuadernos –que se van comprobando por las confesiones de empresarios y políticos- exponen una trama delictiva en la cúspide del poder.

Esa trama incluyó también al Poder Judicial: el ex juez Norberto Oyarbide admitió ayer entre llantos que fue presionado para cerrar causas contra la familia Kirchner, tanto por operadores judiciales del PJ como por agentes de inteligencia. Ahora empieza a discutirse si se puede aplicar la figura de “cosa juzgada irrita” para revisar esas resoluciones que a todas luces estuvieron viciadas.

¿Oyarbide recibió dinero a cambio de esas sentencias? Eso es justamente lo que deberán determinar el juez Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. También tendrán que resolver la situación procesal de Abal Medina, que recibió la recaudación de Baratta en 2013. ¿Y los empresarios? ¿Pagaron coimas porque fueron extorsionados o también eran parte de la “asociación ilícita”?

Como los políticos kirchneristas que están presos, los hombres de negocios también tienen muchas explicaciones para dar. Los que están siendo mencionados a partir de los cuadernos no son, precisamente, empresarios pyme. En esa lista hay nombres como los de Carlos Wagner, Luis Betnaza –hombre clave del grupo Techint- y hasta Aldo Roggio, quien fue citado a indagatoria.

El Gobierno de Cambiemos se beneficia políticamente con la comprobación de las denuncias históricas que pesaban sobre el kirchnerismo, pero al mismo tiempo teme un efecto negativo sobre una economía que ya está en malas condiciones, como sucedió en Brasil con el estallido del Lava Jato. Es que el impacto de las revelaciones sacude los cimientos de la política argentina.

 

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