Una protesta que reabre los mismos interrogantes

La protesta y los incidentes que tuvieron lugar esta semana incrementaron la intensidad de los cruces entre el oficialismo y la oposición local y reavivó el problema que viven los platenses frente a las recurrentes manifestaciones que, cuando menos, suponen serios trastornos de tránsito y en la última daños a propiedades y autos. Si bien el conflicto de fondo de esta semana, el del Astillero Río Santiago, es de carácter provincial, la política local no quedó ajena no sólo porque la planta naval está ubicada en nuestra región sino porque nuestra ciudad -una vez más- fue el escenario de las protestas y los desmanes resultados de la batalla campal entre manifestantes y la policía.

La tarde del martes fue de terror en el centro platense. Los comerciantes bajaron las persianas lo más rápido que pudieron para proteger sus locales de la violencia que se desató sobre la avenida 7 entre 50 y 47. Afuera, entre piedras, baldozas, balas de goma y gases lacrimógenos que lanzaba la policía, los manifestantes rompían hasta carteles y paradas de micros .

Control Ciudadano brilló por su ausencia en su función de cortar el paso hacia la zona y autos particulares, taxis y colectivos que llegaban a la avenida despistados, aceleraban la marcha en cualquier dirección para salir del medio del fuego cruzado. Y el resultado de más de tres horas de incidentes fue -más allá de los heridos, los detenidos y el reclamo gremial- una plaza San Martín devastada, con veredas y bancos rotos, con los vidrios destrozados de la caseta de seguridad municipal, y un tramo de la avenida 7 que también sufrió los destrozos de su mobiliario urbano.

“Hay quienes creen que ya no tiene sentido volver a arreglar Plaza San Martín si no se adoptan medidas para frenar a los violentos”

El tema pone de relieve que el espacio público local, siendo La Plata la sede administrativa de todos los organismos provinciales, sufre histórica e inevitablemente las manifestaciones violentas y reaviva la discusión sobre la creación de un protocolo que las ordene y prevenga o genere consecuencias concretas para las organizaciones que las promuevan.

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Según la Comuna, los gastos de reparación de los destrozos del martes están calculados en 2,5 millones de pesos. Es que varias rampas de discapacitados de las esquinas de la avenida 7 quedaron destrozadas y hacerlas de nuevo implica un gasto de unos 7.000 pesos cada una. Manifestantes también rompieron la cámara de seguridad de 7 y 49, y deberá ser reemplazada por una nueva, valuada, según estimaciones oficiales, en 70.000 pesos.

Y hay quienes evalúan que reparar la plaza San Martín -otra vez- no tiene sentido si no se busca abordar medidas de convivencia que provoquen sanciones efectivas contra los violentos. Incluso, el código de convivencia que Julio Garro prevé llevar al Concejo Deliberante los próximos días contempla que la entidad gremial organizadora de la marcha realice las reparaciones. De todas formas, las demandas civiles correspondientes pueden hoy, con la normativa actual, iniciarse igual aunque el avance de una causa de este tipo depende de los elementos probatorios sobre sus autores obtenidos en medio del desastre.

Con todo, el cobro de la tasa de Capitalidad que por convenio la Ciudad percibe de la Provincia está suspendido desde el año pasado y la deuda se acumula. Se trata de un concepto por la prestación de los servicios de alumbrado, barrido y limpieza a los edificios de la administración provincial y que bien serviría para paliar las consecuencias de estos incidentes.

El Intendente cargó contra la “reacción violenta de gremios y políticos” y volvió a hablar de “mafias”. Ya lo había hecho la semana anterior tras el incendio intencional de la escuela de Villa Elisa, y lo repitió después al hablar de la detención del ex juez César Melazo.