Panamá, bajo la censura política

La campaña “No a la reelección”, iniciada por ciudadanos y sitios de internet y que busca que ninguno de los diputados vuelva a ser votado en mayo próximo, más la pretensión de la ex primera dama Marta de Martinelli de que se prohíba que los medios publiquen los apellidos de la familia por “maltrato psicológico”, alarmaron.

Una joven diputada oficialista, Katleen Levy, ha sido blanco de críticas porque, supuestamente, pidió al Tribunal Electoral de Panamá que castigue a las redes sociales por promover el rechazo indiscriminado a la reelección -a la que ella pretende aspirar- lo que le llevó a acudir a su cuenta en Instagram a aclarar su posición.

Según Levy, le pidió a los magistrados pronunciarse sobre el uso de las redes sociales para hacer campaña sucia o negativa porque ellos promueven un “pacto ético digital” para hacer respetar el proselitismo con respeto en el ciberespacio. “Yo no estoy a favor ni defiendo la reelección”, “no defiendo a la clase política”, apuntó, y reconoció que “no me tengo por qué molestar”, si en su jurisdicción no es reelegida.

También denunció a la página “elcuara.com” que, dijo, le ataca permanentemente porque “el señor que maneja la cuenta me mandó un mensaje que si le pagaba mensualmente 700 dólares no me atacaban y si quería que hablara bien de mi y de mis obras, tenía que pagar 1.000 dólares”. “A eso es lo que me opongo”, acotó, tras recordar que ella también fue “influenciadora” en redes sociales, “pero para cosas positivas”, por las que “hacía canje y cobraba”, en fechas que no precisó.

Lamentó que la campaña afirma de los políticos que “todos somos malos, todos somos maleantes, nos tiran a la misma bolsa”.

Su colega diputado pero del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), el periodista Javier Ortega, también criticó en el pleno de la Asamblea Nacional la magnificación en sentido negativo que hacen los medios panameños de la labor de los diputados por “rating”.

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Opinan los lectores

La campaña “No a la reelección” tomó fuerza cuando la Contraloría General reveló supuestos malos manejos de fondos del Estado por parte de los diputados con plantillas desconocidas por la sociedad, en la que se contrata a familiares y otras personas al parecer para pagar favores políticos y que la mayoría se ha negado a identificar. (EFE)