Un juez denunció a los abogados de un detenido en la causa de la “mega banda”

Según Masi, la testigo habría declarado contra el operativo a cambio de 10 mil pesos

La onda expansiva de las investigaciones sobre la extensa lista de delitos por las que se acusa a la banda mixta de ladrones y policías, con apoyo de una pata judicial conformada por jueces y fiscales, llegó a otra juzgado de la Ciudad, donde tomaron nota de una de las escuchas por su repercusión en una investigación parapela por venta de drogas contra uno de los integrantes de la presunta asociación ilícita. De esa conversación, el titular del Juzgado de Garantías Nº 4, Juan Pablo Masi, estableció la sospecha de que Adrían “el quichua” Manes podría haberse beneficiado por una testigo con argumento comprados y denunció la situación ante una fiscalía.

La presentación del juez recayó en la UFI Nº 15, a cargo de María Eugenia Di Lorenzo. Según confirmó a este diario una fuente de ese expediente, solicitó que se investigue a los abogados Laura Corporal y Daniel Mazzochini ante la posibilidad de que se hayan tenido responsabilidad junto a Manes, la testigo (de apellido Míguez) y un allegado (de apellido Godoy), en lo que definió como “un delito de acción pública”.

La historia arranca a fines de 2017. Adrián Oscar Manes (47), gozaba de arresto domiciliario otorgado por un juez de Garantías, en la causa que investiga al crimen de Juan Farías, pero el 27 de octubre le fue revocado ese beneficio al quedar involucrado con la presunta venta de drogas en la casa en la que había fijado domicilio para tomar ese beneficio para detenidos.

Según una investigación judicial que se conoció a fines de julio, Farías y Manes podrían haber formado parte de la misma banda, dedicada a los robos junto a por lo menos 14 personas, entre policías, ladrones y magistrados. La lista podría ampliarse con investigaciones que alcanzan al ya suspendido juez del Tribunal de Casación Martín Ordoqui y al ex fiscal Tomás Moran. Ya está detenido acusado por brindar protección a los ladrones el ex juez César Melazo.

Según consta en esa causa, la dinámica delictiva habría puesto a Farías y Manes en posiciones de víctima y victimario en 2010. Se sospecha que el “Quichua” fue uno de los asesinos de el “Tecla” en el hall de su edificio. Habría sido en castigo por robar la casa del entrenador de fútbol Roberto Zapata, el 1º de julio de ese año.

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Tras las detenciones de Manes y otros 10 implicados, el 23 de julio, se conocieron escuchas que incriminaban a los detenidos con varios delitos. Entre esas grabaciones, apareció una en la que para el juez se avanza en una trama en la que una mujer, actualmente prófuga, habría declarado en favor de Manes a cambio de 10 mil pesos. El magistrado involucra en esa maniobra a los abogados defensores y a un allegado. “Manes estaba detenido por vender droga en su casa, mientras cumplía arresto domiciliario, pero declaró que el operativo había sido irregular, que los policías le habían plantado esas sustancias para incriminarlo”, dijo la fuente.

Más tarde, en la causa se presentó una testigo que reprodujo esos argumentos. Luego, en una escucha se habla de la situación con menciones al juez Masi y fiscalía especializada en estupefacientes. Así, la fiscal de la investigación contra la mega banda, Betina Lacki, se la remitió a Massi.

apelaciones

La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata analiza recursos presentados por las defensas de los imputados, contra las preventivas dictadas el lunes último a 10 de los 11 imputados, en la primera etapa de la investigación de la mega banda. Así, voceros judiciales indicaron que la “megacausa”, que consta ya de 20 cuerpos y un anexo de otros 15, con escuchas telefónicas, ayer quedó en manos de los camaristas de la Sala II, Ricardo Szelagowski, Sergio Almeida y Laura Lasaga.