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Será el próximo 26 de febrero
La Justicia fijó hoy para el 26 de febrero próximo el inicio del primer juicio por presunta corrupción que deberá enfrentar la expresidenta Cristina Fernández, acusada de encabezar una asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública.
Según informaron fuentes judiciales, el juicio oral contra la actual senadora -procesada ya en un cinco casos- tendrá lugar en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Buenos Aires, integrado por los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara.
El proceso, en el que se investigan irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral -propiedad de Lázaro Báez- en la provincia de Santa Cruz durante los Ejecutivos kirchneristas (2003-2015), afecta también, entre otros, al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, y el propio Báez. Los tres ya están en prisión preventiva por otras investigaciones.
Si bien fue en marzo pasado cuando el juez Julián Ercolini elevó a juicio la causa, este lunes se fijó la fecha para el inicio de la vista oral.
La Justicia federal investiga el presunto 'direccionamiento' de contratos a favor del Grupo Austral en Santa Cruz, cuna del kirchnerismo y provincia de la que el expresidente Néstor Kirchner fue gobernador desde 1991 a 2003.
El expediente apunta a que se perpetró un plan en Santa Cruz para el manejo "fraudulento" de fondos estatales en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia durante los 12 años en que se extendieron los Gobiernos kirchneristas nacionales.
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A los imputados se les acusa de haber formado parte de una asociación destinada a cometer delitos; para "apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada" de los fondos asignados a la obra pública vial mediante licitaciones con "múltiples irregularidades" destinadas al favorecimiento del empresario.
Para lograr esa situación, en el relato de los hechos establecido por la Justicia se destaca cómo se realizó la "conversión formal" de Báez, amigo durante años del matrimonio presidencial, en empresario de la construcción para luego "ser insertado" en el negocio de las contrataciones de áreas de infraestructura.
Se nombra como prueba que pocos días antes de que Kirchner asumiera la Presidencia, Báez, junto con dos socios, fundó su grupo empresarial.
La causa de Ercolini guarda semejanzas con otras que afectan también, principalmente, a Fernández y Báez, y en las que se investiga si se usaron dos sociedades inmobiliarias de los Kirchner para recibir, mediante arrendamientos de propiedades, transferencias millonarias de parte de empresarios como Báez, que a su vez había recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
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