La polémica por el informe que realizó la Comisión por la Memoria (CPM) a pedido del juez de Dolores Alejo Ramos Padilla en el que vincula a periodistas con la realización de tareas de “inteligencia ilegal”, disparó la presentación de un pedido de informes en la Legislatura. Concretamente el autor de la iniciativa, el diputado oficialista Guillermo Castello, pretende saber si dicho organismo de Derechos Humanos tiene atribuciones para realizar esa tarea.

El juez, en el marco de la causa por la que está detenido Marcelo D´Alessio, le había pedido a la CPM que investigue si las notas del periodista Daniel Santoro constituyeron acciones de operación psicológica.

En el informe que presentó la Comisión a Ramos Padilla, se menciona a los periodistas Santoro, Jorge Lanata, Luis Majul, Gustavo Grabia, Nicolás Wiñazki, Rodrigo Alegre y Rolando Graña, entre otros. Y se llega a hablar de una “posible interacción de inteligencia ilegal con periodistas y medios”.

El diputado Castello reclamó que la Comisión informe si en las atribuciones que confirió la ley provincia de su creación se incluye “realizar auditorías de periodistas y medios de comunicación”.

El legislador dijo que “estamos ante un hecho inédito en la democracia reciente de nuestro país, como lo es la decisión judicial de “tercerizar” una investigación judicial y ordenar a un organismo estatal que determine si un periodista incurrió en “operaciones de acción psicológica” mediante su conducta y sus publicaciones”.

Castello afirmó que “si bien es cierto que la Comisión ha perdido ya hace tiempo el prestigio que supo tener, al extremo que en la actualidad su Presidente, Adolfo Pérez Esquivel, apoya explícitamente a dictadores de Venezuela y Nicaragua que violan los Derechos Humanos sistemática y salvajemente, no deja de asombrar la presteza con la que ha participado en una acción que viola múltiples principios sagrados de nuestro Derecho”.

Por su parte, la CPM sostuvo que “el análisis pericial no asocia la información con tipos penales ni formula acusaciones: sólo describe e interpreta la documentación aportada siguiendo los requerimientos del magistrado, quien es el que debe decidir si se configura delito o no”. Y acota: “Los periodistas mencionados en los informes entregados remiten a la aparición de sus nombres en comunicaciones telefónicas, capturas de pantalla, fotografías o mails de D’Alessio. No es verdad -como se afirma- que acusamos a periodistas de algún delito, no es esa la función del organismo. Sólo describimos y analizamos documentos”.