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Se renovaron los reclamos exigiendo reformas económicas y sociales. El Gobierno no logra contener el estallido más grave desde la finalización del régimen de Pinochet
santiago, chile
Casi un millón de personas coparon ayer todas las avenidas hacia la céntrica Plaza Italia, exigiendo reformas de un sistema económico que consideran desigual y coreando lemas contra el gobierno por afrontar con militares el peor estallido social en Chile en tres décadas. La jornada, como las anteriores, finalizó con escenas de violencia y enfrentamientos entre los grupos más radicalizados de manifestantes y las fuerzas del orden. La ciudad capital, además, estaba por séptimo día consecutivo bajo un toque de queda ordenado por el Gobierno,
“Chile hoy vive una jornada histórica. La RM (región metropolitana) es protagonista de una pacífica marcha de cerca de 1 millón de personas que representan el sueño de un Chile nuevo, de forma transversal sin distinción”, dijo la intendenta de la capital Karla Rubilar en Twitter, considerada una ‘outsider’ en el grupo político del presidente de derecha del Sebastián Piñera.
Camioneros y automovilistas congestionaron las carreteras que unen Santiago al resto del país para reclamar una baja en las altas tarifas del sistema electrónico de peajes.
“Pedimos justicia, honestidad, ética en el gobierno, no es que queramos socialismo, comunismo; queremos menos empresas privadas, más Estado y las propuestas que hizo (Piñera esta semana) van a arruinar el presupuesto para subsidiar las empresas privadas”, dijo a la AFP Francisco Anguitar, 38 años, empleado en desarrollo de inteligencia artificial.
Este estallido sin precedentes en Chile, el más grave en casi 30 años desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), representa un claro desafío para su reconocido modelo económico de mercado abierto. En una semana han muerto 19 personas en violentos disturbios que dañaron seriamente la red del metro de la capital que moviliza unos 3 millones de personas a diario, y a los que siguieron enfrentamientos, saqueos e incendios en Santiago y otras ciudades.
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Ante la multiplicación de denuncias sobre la acción de los militares, que están desplegados en las calles desde el sábado, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció el envío de “una misión de verificación para examinar” la situación.
De su lado, Amnistía Internacional dijo que “el mundo tiene los ojos en Chile” y anunció el envío de su “equipo regional de crisis para documentar”, junto con sus trabajadores en el país, “las graves violaciones a los derechos humanos y, posibles crímenes de derecho internacional que se están cometiendo por agentes del Estado”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Un exiguo aumento de la tarifa del Metro de Santiago fue el catalizador de las protestas, que han derivado en un movimiento mayor, heterogéneo y sin un liderazgo identificable, que pone sobre la mesa otras demandas, principalmente un aumento de las bajas pensiones del sistema privado, heredado de la dictadura. (AFP)
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