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SANTIAGO
El Gobierno y la oposición buscan contrarreloj un acuerdo sobre la forma de redactar una nueva Constitución que calme el estallido social que vive el país desde hace casi un mes, pero las posturas se encuentran aún distantes y las protestas no dan tregua.
Diputados oficialistas y opositores buscan una salida política a la crisis, la más grave desde el retorno de la democracia, y responder así a uno de los principales clamores de los manifestantes, que culpan a la actual Carta Magna de ser el origen de la grandes desigualdades del país.
Aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum y en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la Ley Fundamental le concedió al Estado un rol “subsidiario” (secundario) en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización.
El Gobierno, que al inicio de la crisis se mostró muy reacio, se abrió finalmente el domingo a un proceso constituyente, pero rechaza la convocatoria de un plebiscito previo sobre los temas y una Asamblea Constituyente, la fórmula que pide la oposición y la mayoría de los manifestantes.
Dado el alto nivel de descrédito que tienen los diputados, la coalición gubernamental Chile Vamos llevó ayer una nueva propuesta a la mesa de negociación: una “Convención Constituyente”, integrada en a partes iguales por los actuales diputados y ciudadanos electos.
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“Los sectores más duros de la derecha se están imponiendo con una propuesta profundamente antidemocrática. Nosotros hemos propuesto que sea la ciudadanía la que decida a través de un plebiscito el mecanismo para elaborar una nueva Constitución”, dijo el presidente del opositor Partido Socialista (PS), Alvaro Elizalde.
En tanto, el peso chileno se depreciaba hasta tocar un nuevo mínimo histórico y el dólar cotizaba a 802,63 pesos chilenos, una cifra inimaginable hace menos de un mes. Antes del estallido de la crisis, la divisa se cambiaba por entre 710 y 720 pesos chilenos, eso a pesar de que el Banco Central chileno inyectó en la víspera 4.000 millones de dólares a través de licitaciones para frenar la caída de la moneda.
La vida de millones de personas se complicó aún más con un paro nacional de todos los empleados de los servicios de retiro de basura que reclaman por la mejora de sus condiciones laborales y salarios. El ministro de Salud decretó la emergencia sanitaria en seis regiones del país debido al aumento de la atención en urgencias que incluyen la inédita cifra de 230 personas que han perdido la visión de un ojo por disparos provenientes de las escopetas antidisturbios de la policía. (EFE y AP)
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