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Las protestas cuestionan un Estado ausente en educación, salud y pensiones dentro de un modelo económico de libre mercado
AP
Centenares de manifestantes frente a los tribunales y taxistas con banderas contra el cobro de peajes dentro de la ciudad lanzaron este "superlunes" de protestas sociales en Chile, donde empezó la tercera semana de una crisis sin salida a la vista y que desgasta al gobierno de Sebastián Piñera.
Desde temprano Santiago se vio no obstante con más tráfico y peatones que los dos lunes anteriores, cuando los daños a la infraestructura de transporte público y los desmanes por saqueos e incendios semiparalizaron la rutina de estudiantes, empleados y comercios.
"La lucha sigue pero tenemos que levantar el país, a nadie le conviene que caigamos en picada", dijo a la AFP Olga Pérez, una contadora que acudía a su trabajo después de una hora y media de viaje en autobús desde su casa. "Todavía no tenemos el metro habilitado", dijo esta habitante de Puente Alto, un suburbio de clase trabajadora golpeado por el vandalismo.
"Esto aún no termina" es el lema en redes sociales para este "superlunes" en Chile, uno de los países más estables de América Latina hasta este estallido social sin precedentes que sorprendió a un poder político que todavía no sabe cómo controlar la crisis.
Las protestas cuestionan un Estado ausente en educación, salud y pensiones dentro de un modelo económico de libre mercado, donde una minoría controla la riqueza del país. De esta manera se han multiplicado las voces de izquierdas y derechas que piden cambiar la Constitución, una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El presidente Piñera, que canceló la organización de la APEC y la cumbre de clima de la ONU COP-25 previstas para este mes, afirma que prefiere antes que nada "un diálogo amplio".
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Una encuesta de Cadem divulgada el domingo, reveló que un 87% está a favor de que se cambie la actual Constitución.
Piñera paga con una caída estrepitosa de popularidad sus errores y tropiezos en la gestión de la crisis desde el primer viernes de protestas violentas.
En un fin de semana de saqueos e incendios de infraestructuras y desmanes, decretó el estado de emergencia, sacó a los militares a las calles e impuso un toque de queda, todas medidas que se pensaban sepultadas desde la época de mano dura de Pinochet.
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