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Información General |Una medida que alcanza a todo el país

Diez provincias ya adhieren y se espera que Buenos Aires se sume en los próximos días

14 de Diciembre de 2019 | 03:37
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Diez de las 24 jurisdicciones argentinas adhieren al protocolo nacional para garantizar la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), actualizado ayer a través de la resolución 1/2019 del Boletín Oficial, mientras otras 9 dictaron protocolos con requisitos, 2 están sin adhesión pero utilizan el protocolo nacional y 3 no poseen norma local ni adhesión, según datos a octubre de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.

“Las jurisdicciones que ya adherían al protocolo nacional, o tenían una norma local, no necesitan volver a ratificarlo, pero sí se espera que todas adhieran”, señaló Patricia Bustamante, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito. La estadística oficial del Ministerio de Salud de la Nación confirmó que son 10 las jurisdicciones que adhirieron al Protocolo Nacional: Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Chaco. Mientras que Formosa y San Juan no presentan adhesión oficial pero utilizan el protocolo nacional.

Y las tres provincias que figuran sin protocolo propio ni adheridas al nacional son: Corrientes, Santiago del Estero y Tucumán.

En cuanto a nuestra provincia, cabe recordar que en el gobierno de Vidal se había aprobado un protocolo pero la propia gobernadora lo dio de baja. Ahora se espera que sea Axel Kicillof el que adhiera a esta nueva disposición. Ayer, fuentes de la cartera de Salud provincial daban por descontada esa adhesión aunque aclararon que no tenían la fecha exacta en que el nuevo protocolo entrará en vigencia en suelo bonaerense.

Según establece la legislación, el Protocolo ILE establece un marco de acción normado, pero su ausencia no es impedimento para acceder al aborto no punible en ningún caso debido a que todas la jurisdicciones del país deben garantizar su acceso.

 

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