Investigan grave caso de explotación infantil en un hogar de niños de Florencio Varela

Un caso de presunta explotación de menores tomó estado público tras una investigación en el hogar "Nido de Águila", ubicado en la zona de La Capilla, Florencio Varela. La institución funcionaba como un centro de protección de niños en situación de vulnerabilidad.

El viernes pasado, la Policía Bonaerense detuvo a las dos responsables del establecimiento bajo la acusación de someter a 13 menores a situaciones de trabajo forzado. La causa, caratulada como reducción a la servidumbre y a cargo del fiscal Daniel Ichazo de la UFI N°8 de Berazategui, sostiene que los niños debían realizar tareas de albañilería, construcción de cercos con machetes y limpieza de desechos de animales.

Según el expediente judicial, las labores se extendían durante todo el día y en ocasiones hasta la medianoche, incluso bajo la lluvia. El informe señala que los menores eran privados de alimentos y obligados a permanecer a la intemperie o dormir junto a los perros del lugar como forma de castigo si se resistían a las órdenes. También se les impedía el contacto con personas ajenas al hogar.

Investigan a funcionarias provinciales

La investigación judicial se inició a partir del testimonio de un adolescente que había residido en el lugar durante su infancia y radicó la denuncia formal.

El área de Cibercrimen contra las Infancias y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Berazategui, dirigida por el subcomisario Matías Giménez, realizó el allanamiento donde se detuvo a las sospechosas, publicó Infobae. Durante el operativo se incautaron teléfonos celulares, computadoras y documentación relacionada con el funcionamiento del hogar.

En el marco de la misma causa, se investiga a dos funcionarias del Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de La Matanza. Se les atribuye el presunto encubrimiento de las dueñas del hogar mediante el uso de sus cargos públicos.

La acusación indica que estas funcionarias habrían filtrado información confidencial obtenida de la Dirección Provincial de Coordinación de Servicios Zonales para avisar sobre inspecciones judiciales. Específicamente, se menciona una advertencia realizada antes de un procedimiento el pasado 26 de febrero.

De acuerdo con los documentos de la causa, una de las funcionarias habría enviado mensajes de WhatsApp para que las encargadas eliminaran pruebas de la explotación y acondicionaran el lugar antes de la llegada de los peritos. En dichas comunicaciones se habrían detallado incluso los puntos de reunión de la policía y los movimientos de los efectivos.

Como consecuencia de estas filtraciones, los investigadores solo hallaron a cuatro niños en el último allanamiento, bajo la sospecha de que el resto de los menores habían sido reubicados previamente. Los niños que permanecían en el lugar fueron trasladados a otros centros de asistencia.

Las dos dueñas del hogar fueron citadas a indagatoria por el fiscal Ichazo, pero ambas hicieron uso de su derecho de no declarar. Las imputadas continúan bajo arresto mientras sus abogados tramitan pedidos de excarcelación.