La emergencia y el traslado del “esfuerzo” al sector privado

Sin sorpresas y repitiendo el andamiaje de “la emergencia económica” las primeras medidas del gobierno de Alberto Fernández están dirigidas a “hacer caja” y trasladar el esfuerzo al sector privado. Ya había adelantado el ministro Martín Guzmán en su primera aparición, que el sector público no está en condiciones de realizar más ajuste fiscal en el 2020, ya que se profundizaría la recesión.

De manera que, los recientes anuncios confirman que el ajuste lo realizará otra vez el sector privado, pagando más impuestos. El Estado, ya sea la Nación, las provincias o los municipios, no tienen previsto recortar sus gastos, incluidos los vinculados a la políticas, que continúan indexados y en alza cualquiera sea el color de la gestión, y aumentar sus recursos para decidir los aumentos salariales, de jubilaciones y planes sociales.

Guzmán había señalado que el crédito para financiar los gastos estatales, aumentando la deuda, no está disponible, y que de la emisión monetaria no sería conveniente abusar ya que generaría más inflación. Pero el escenario de otro aumento de la presión tributaria no parece abrir un panorama que frene la caída productiva, el estancamiento económico y una persistente caída del empleo privado.

Los afectados por la mayor carga impositiva son por ahora el sector agropecuario y los exportadores, precisamente el sector más dinámico y competitivo, y que origina la mayor parte de las divisas que ingresan al país. Habrá que esperar y comparar el tratamiento que reciban los petroleros y la minería, integrada la mayoría por firmas internacionales, que mantendrían sus operaciones en Vaca Muerta y la Argentina, pero contra garantías contractuales muy concretas de reconocer precios internacionales, disponibilidad de divisas, regalías y dividendos.

Otro sector afectado son los viajes o gastos en el exterior con un recargo del 30 por ciento, sin conocerse aún si será igual que en el anterior gobierno de Cristina Kirchner, que se podrán tomar a cuenta del pago de Ganancias o será sancionado por el Congreso como un nuevo impuesto definitivo. Las provincias, luego que dejara de estar vigente el Pacto Fiscal, también estarán habilitadas a incrementar o modificar las alícuotas de Ingresos Brutos y otros tributos. Aún no es conocido el texto de la ley de solidaridad y reactivación productiva que tendría otros aspectos adicionales para incrementar la presión tributaria. En ese paquete se supone habrá definiciones sobre Bienes Personales, algún impuesto nuevo para los que tengan patrimonio en el exterior y quizás algunas otras más.

Y finalmente falta conocer que propuesta llevará la administración de Alberto F. a los acreedores, quizás con quitas de intereses o capital o postergar los vencimientos, que a diferencia de los ciudadanos argentinos, tendrán una mesa de negociación e infinidad de precisiones sobre que haría el Gobierno para asegurar que las promesas de pago se cumplan. Es claro que Guzmán pretende una solución rápida y obtener un ahorro importante de pagos. Sin embargo, nada puede dar certezas de que habrá una negociación pavimentada y un reconocimiento fácil de los acreedores de que la Argentina necesita “no pagar para crecer”. Esa negociación, además, incluye como figura central al FMI, organismo que no compartiría la mayoría de las concepciones económicas hoy en marcha, que se inician con una mayor presión fiscal y cero esfuerzo del sector publico.

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El programa integral anticipado por el ministro Guzmán aún es una incógnita, si bien ya se hicieron públicas las primeras medidas para subir impuestos. En esa oportunidad el funcionario indicó que el principal objetivo era detener la caída de la economía, protegiendo a los sectores más vulnerables, además de la reducción de la inflación. La meta es loable y compartida, aunque un comentario general que sigue sin explicitar el paquete completo o “integral”. Una recuperación económica debería estar asociada a un cambio de expectativas muy importantes, en base a la creencia de que habrá estabilidad, regresará la inversión y el aumento de la productividad con nueva tecnología.

La pésima performance del país en las últimas décadas siempre ha esta vinculado a una economía cerrada, el déficit fiscal, la alta inflación, bajo nivel del crédito, gran volatilidad cambiaria e incumplimiento recurrentes de la deuda pública. Por el momento, nada de esto ha sido conocido.