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Se termina el 2019, con muchas más complicaciones para el futuro que lo esperado hasta mediados de este año. El llamado “Acuerdo de Buenos Aires” de un año atrás entre Donald Trump y Xi Jinping parecía sugerir alguna forma de “aterrizaje suave” entre China y Estados Unidos. Si bien el FMI venía advirtiendo sobre el camino hacia una recesión global, tanto los mercados financieros como la mayoría de los gobiernos del mundo mantenían esperanzas en un futuro relativamente previsible y manejable.

Sin embargo, algunas protestas callejeras cobraron particular relevancia y han puesto en jaque a varios gobiernos. Las más persistentes son las movilizaciones contra Nicolás Maduro en Venezuela, así como los choques en París entre los “chalecos amarillos” y las fuerzas de seguridad. Además, Hong Kong sufre desde marzo a una violencia diaria de final incierto.

La novedad del año fue la repentina explosión de países percibidos como ordenados, o con conflictos manejables. A la breve crisis política de Perú, siguieron las protestas populares y choques con fuerzas de seguridad en Ecuador, Chile y Bolivia, y también en Haití, Nicaragua, y Colombia. La “primavera del ‘19” forzó la caída del presidente boliviano y el llamado a elecciones en el vecino país para marzo, una gran incertidumbre sobre una eventual reforma constitucional en Chile y también respecto de lo que seguirá a los comicios legislativos en Perú para el próximo mes.

De todas formas, a la violenta primavera latina se sumó la agudización del conflicto en Hong Kong, y las protestas violentas en otros países: España (Cataluña), Egipto, Georgia, Líbano, Irak, Irán, Argelia, Guinea, Sudáfrica, Nigeria, República Democrática del Congo, Zambia, Etiopía, y la República Popular China.

No parece haber vínculo directo entre todas estas protestas, ni responden a la misma causa. En Francia, Ecuador e Irán fue la suba del precio de los combustibles. En Líbano, un impuesto a las llamadas por WhatsApp, en Chile la suba del costo del subte y en Cataluña una sentencia judicial. En Hong Kong, una ley para extraditar al continente a los autores o sospechosos de delitos locales, y en Argelia, un presidente buscando un quinto mandato consecutivo. Las protestas en Etiopía siguieron a la denuncia de un popular periodista por amenazas policiales, y en las de Sudáfrica a un brote de violencia xenófoba, con réplicas contra empresas sudafricanas en Nigeria, Congo y Zambia. En Colombia, el disparador fue la iniciativa oficial de una flexibilización laboral en presencia de una masiva inmigración de venezolanos mientras que, en Bolivia, fueron las irregularidades de la elección presidencial de octubre.

Los detonantes varían, pero se observan tres características comunes.

- Desaprobación de decisiones específicas de los gobernantes.

- Falta de voluntad de estos para dar respuesta a los reclamos de los ciudadanos (“oyen pero no escuchan”).

- Reacción liderada, en general, por gente joven, sin una persona o grupo conductor de las protestas.

En algunos casos la protesta tiene origen preciso en una decisión específica de un gobierno. En muchos otros, es decisión o episodio que colma la paciencia luego, luego de meses o años de acumulación de descontento con gobiernos corruptos, inoperantes y/o autoritarios. También con cúpulas de políticos o élites de familias tradicionales dueñas de facto del real poder político, judicial y económico, y del control fáctico de las fuerzas armadas y de seguridad, así como de los medios de prensa y los servicios de inteligencia.

La desigualdad y la no inclusividad juegan un rol central en varias protestas, pero no en todos. En general no es una “grieta” a resolver simplemente con transferencias monetarias o leyes y decretos que las aseguren. Es la ruptura del “contrato social” implícito. Los representados se sienten estafados y abandonados por sus representantes y en un punto de no retorno que conduce a pocas salidas.

Estas protestas no siempre tienen grupos o líderes claramente identificables. Esto a veces los torna difíciles de controlar y de ponerles fin. El como y el cuando nadie lo sabe. A mayor prolongación en el tiempo, se postergan o cancelan los proyectos de inversión, cae la tasa de crecimiento, aumenta el desempleo y la conflictividad, y se precipita la huida de inversores locales y del exterior a otros países. Y también la pérdida de sus mejores recursos humanos.

Para nuestra región, la primavera del ‘19 afectó a toda la región andina, Haití y Nicaragua, pero el escenario político general no es muy auspicioso.

El accionar narco y los vaivenes de López Obrador han restado a México el atractivo que supo tener otros años para la inversión extranjera. Venezuela sigue siendo un tembladeral hiperinflacionario sin futuro próspero a la vista.

Jair Bolsonaro apunta a “sacarse de encima” a la Argentina de Alberto Fernández con una de las siguientes alternativas: a) imponer con Uruguay y Paraguay una liberalización comercial que dejaría a la Argentina descoordinada del resto del bloque, o b) retirar a Brasil de Mercosur.

Y más al norte, el presidente de Surinam fue condenado a veinte años de prisión por el asesinato de 15 opositores en 1982. Seguramente apelará el fallo, pero varios políticos locales empezaron a exigir su renuncia este fin de semana. El riesgo de incidentes asoma también para los próximos días.

El escenario de la región luce, por tanto, complicado. La depreciación de las monedas (salvo el dolarizado Ecuador) y el aflojamiento de las políticas fiscales son inevitables. En los países con incidentes y saqueos más persistentes y mayores daños, baja en la actividad, cierre de empresas y caída de la actividad y del empleo. En todos, más desconfianza de inversores locales y del exterior, caída de la inversión extranjera directa, y riesgo cierto de salida de capitales y de no pocos recursos humanos. Un escenario inestable que bien puede complicarse en otros países. En Brasil tarde o temprano se aplicará el aumento de combustibles suspendido en 2018 luego de un paro de camioneros, de modo que no es tan seguro que no se repitan las protestas.

En nuestro país, la paz social dependerá de la capacidad del nuevo Gobierno de balancear la escasez de recursos presupuestarios con reclamos de transferencias y subsidios. Pero también de una estrategia clara y acertada respecto de la deuda pública, la administración del comercio exterior y de seguridades jurídicas para inversores locales y del exterior. Algo que probablemente recién se empiece a esclarecer cuando hacia el fin de esta semana se conozca de una vez la composición del nuevo gabinete y sus primeras decisiones a partir de la semana próxima.

(*) Economista (USAL)

“Al prolongarse las crisis, se postergan proyectos de inversión, cae la tasa de crecimiento, y aumenta el desempleo y la conflictividad”