Autorizan una suba adicional de la luz para “compensar” a las empresas

A través de una polémica resolución publicada ayer en el Boletín Oficial y que ya cosechó críticas, se autorizó a las distribuidoras de energía eléctrica que operan en territorio bonaerense a una suba adicional de la tarifa para compensarlas por el incremento de costos de los últimos meses.

Este nuevo aumento se instrumentará a través de la creación de un nuevo cargo en las facturas que se cobrará a lo largo de seis meses para los usuarios de Edelap, Eden, Edes, Edea y las más de 200 cooperativas eléctricas de la Provincia.

Con este incremento adicional, advirtieron ayer desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, la suba total de la tarifa eléctrica para todo el 2019, que se había anunciado en 38 por ciento, terminará superando el 55 por ciento.

La medida generó una inmediata controversia, ya que termina trasladando a los usuarios las eventuales pérdidas que experimentan las empresas por las demoras en las implementaciones de los aumentos. En ese marco, desde organismos de control advirtieron que podrían recurrir a la Justicia.

La resolución fue firmada por el Organismo de Control de la Energía Eléctrica (Oceba) el pasado miércoles y tomó estado público ayer. En seguida disparó fuertes críticas de la oposición. “Obligan a las familias a subsidiar a las energéticas”, dispararon desde el kirchnerismo.

Básicamente, crea un nuevo ítem que aparecerá a partir de febrero en las facturas de luz como “Incremento de Costos Tarifarios” (ICT). Se trata de una suerte de mecanismo de compensación para las empresas distribuidoras, similar al ICM (Incremento de Costos Mayoristas) que se cobra actualmente. Ambos apuntan a “reparar” los descalces que se producen en los sucesivos aumentos que se dieron en los últimos años.

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“Es un mecanismo de compensación que permite a los distribuidores recuperar en su facturación además de las diferencias en la aplicación de los costos mayoristas de electricidad (precios de potencia y energía en el MEM y costos de transporte), las diferencias generadas en el costo propio de distribución”, se explicó oficialmente en la resolución que se publicó ayer.

cargo fijo

La Provincia acaba de autorizar un primer aumento de la tarifa eléctrica del año que comenzó a regir en febrero y que fue del 28 por ciento. En tanto que se habían anunciado que habría dos subas más a lo largo del año, en mayo y en agosto, por lo que el acumulado iba a ser del 38 por ciento en 2019.

Con ese nuevo cuadro tarifario, la factura promedio de un usuario residencial iba a pasar de $630 a 800 pesos mensuales.

Pero ayer sorpresivamente se dio a conocer este nuevo ajuste, que tendrá impacto sobre usuarios residenciales, pymes, beneficiarios de la tarifa social y entidades de bien público.

El ICT se aplicará a partir de este mes y llegará con las facturas que los usuarios recibirán en marzo. Será un cargo en pesos por cada kw consumido por el usuario. El monto varía según la empresa distribuidora y el descalce que haya sufrido.

En el caso de Edelap, se informó oficialmente, el nuevo cargo será de 0,653 pesos por kilovatio consumido. De esa forma, por ejemplo, un usuario de la empresa de energía de la Región que en el mes de enero haya pagado una boleta de 1.000 pesos por unos 218 kw pasará a pagar unos 1.140 pesos a partir de febrero y por seis meses.

Aunque no hubo ninguna postura oficial desde la Provincia, cerca de la Gobernación destacaban que se trata de una “homologación” del aumento que dispuso Nación, en un trámite que deben cumplir todas las Provincias.

La decisión, de que las empresas puedan compensar las diferencias en sus costos por la inflación, fue cuestionada por la Defensoría del Pueblo bonaerense.

El director de ese organismo, Guido Lorenzino, admitió la posibilidad de recurrir la resolución ante la justicia “porque perjudica a los usuarios que están acorralados por la seguidilla de aumentos y además afectan a los que menos tienen”.

“Este recargo hará que el aumento pautado del 36% en promedio para todas las categorías pase a un 55%. Es una medida que impacta de manera directa en la facturación de todos los usuarios, incluyendo las pymes, beneficiarios de tarifa social y las entidades de bien público”, precisó.

La decisión se produce en medio del proceso de traspaso de las empresas Edesur y Edenor a la Provincia. Las dos firmas que operan en el área metropolitana se sumarán a las cuatro distribuidoras y a las más de 200 cooperativas que operan en el territorio de la Provincia.