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El 12 de septiembre del año pasado, poco más de un mes después de la explosión de gas que terminó con la vida de una vicedirectora y un auxiliar en una escuela de Moreno, otra noticia surgida en el seno de ese distrito bonaerense sacudió a la comunidad educativa y recalentó el ya dramático conflicto docente: según se denunciaba, la maestra Corina De Bonis había sido secuestrada en un auto, encapuchada y torturada. La escena se completaba con la imagen de su abdomen, la piel roja y tajeada con la inscripción “ollas no”, un presunto mensaje en clave mafiosa por las tareas sociales que realizaba De Bonis. Pero para la Justicia bonaerense el hecho nunca habría existido y, tal como informaron fuentes judiciales a EL DIA, la educadora fue imputada y citada a indagatoria por presunta falsa denuncia y falso testimonio. También, Manuela Fuentes, la vicedirectora del Centro de Educación Complementario (CEC) 801 en el que trabajaba De Bonis.
En su relato, la denunciante imputada contó sobre un secuestro en un coche, en cuyo asiento trasero le habrían tatuado la panza con la frase que luego se viralizó. De Bonis y Fuentes hablaron también de “llamadas amenazantes”, pero las pericias determinaron que fueron emitidas desde el celular de la maestra. La Justicia también descartó que De Bonis haya sido “interceptada” por un auto en las calles Tablada y Lugones, como denunció, o “arrojada” desde el vehículo. Pues, las filmaciones de la DDI de Moreno concluyeron en “la imposibilidad” de que los hechos puedan haber ocurrido en el lapso temporal y en el lugar indicado por la docente. En tanto, los trabajos de los peritos indicaron “la inexistencia en la denunciante de signos de haber sufrido politraumatismo en su pómulo derecho como indicara, y que en base al estado de la cinta asfáltica no habría sido posible una escritura perfecta sobre el abdomen de la misma” en un auto en movimiento.
La Justicia incorporó también análisis psicológicos que dan cuenta de que De Bonis es “una persona pasible de sugestionabilidad e influenciabilidad” y que “pudo haber sido influenciada y utilizada por cuestiones de naturaleza política”.
Las imputadas deberán presentarse a declarar el 2 de mayo.
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