En el marco de la causa que investiga una presunta malversación de caudales públicos en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense con tarjetas para cargar combustible, este viernes se llevó adelante un allanamiento en un terreno que funciona como un cementerio de automóviles. 

En dicho procedimiento se encontró una gran cantidad de vehículos en avanzado estado de deterioro. La mayoría de los rodados tuvieron su primer recorrido en los años 80 y 90, según se puede apreciar en un video del operativo que se realizó.

Se destacan autos de marcas y modelos como Peugeot 504, Peugeot 405, Renault 9 y utilitarios como Renault Trafic, marca Volkswagen, Peugeot Partner. 

Como lo viene señalando EL DIA, la estafa se habría concretado utilizando tarjetas cuyo destino final era la carga de combustible. La investigación señala que el monto de estos vales oscilaba entre los 250 mil pesos y el millón. Estos valores se actualizaban semanalmente. 

En la investigación se pudo establecer que las tarjetas se usaban con autos dados de baja que se encontraban guardados en galpones. Se cree que se usaban las patentes de estos rodados en desuso para hacer figurar las cargas de combustible. 

Con este nuevo hallazgo, ahora se sospecha que pudieron haber sido estos autos desvencijados los utilizados en esta maniobra fraudulenta que el costó al fisco la pérdida de millones de pesos. 

En la edición impresa de este viernes se dieron a conocer los detalles de los allanamientos que se realizaron ayer en varios sectores de la Región. Además de la detención de dos funcionarios de la cartera de educación bonaerense, también se procedió al secuestro de embarcaciones, autos de alta gama y motocicletas de alta cilindrada. 

En tanto, los dos funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación provincial detenidos por la causa negaron hoy haber participado de la maniobra y acusaron a sus superiores.

Se trata de Gustavo Chiamberro y Diego Burgos, jefes del Departamento Combustible y Automotores de la cartera educativa, que hoy prestaron declaración indagatoria ante el fiscal penal de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta que investiga la causa caratulada como "asociación ilícita y malversación de caudales públicos".

Ambos detenidos manifestaron "ser ajenos" a la maniobra delictiva y acusaron a sus dos superiores, dos funcionarios que fueron separados de la cartera educativa y que pidieron eximición de prisión en la causa en la que también se los investiga.

Además de trascender los detalles de su declaración con la que intentaron desvincularse del caso, se conoció además que no pudieron justificar los bienes que les fueron secuestrados ayer en distintos allanamientos entre los que había autos de alta gama, lanchas, cuatriciclos, motos de agua y hasta un motorhome.

En torno a este punto se pudo establecer que uno de los detenidos tiene más de cinco propiedades a su nombre y gana unos 35 mil pesos por mes.