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José Picón
jpicon@eldia.com
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Existe marcada en el calendario peronista una fecha clave, posiblemente bisagra, para el devenir de una fuerza que afronta un proceso de reconfiguración y peleas por su liderazgo. El 8 de febrero, en poco más de un mes, el PJ bonaerense y sus principales actores, Axel Kicillof por un lado y Máximo Kirchner por el otro, tendrán que decidir si vuelven a apostar a la precaria unidad y difícil convivencia que vienen sosteniendo desde hace largos meses o finalmente confrontan en internas por la conducción partidaria.
No se trata de un mero trámite de inscripción de candidatos. Con el 2027 a la vista y la proyección nacional que busca protagonizar el Gobernador, la posible disputa tiene impactos e implicancias diversas. Existen distintos asuntos que parecen atados ese desenlace. Uno de ellos es el futuro de la ley para permitir la reelección indefinida de los intendentes.
Las principales espadas de Kicillof empujan ese proyecto que quedó trunco el año pasado. Hay 86 alcaldes, entre oficialistas y opositores, que se verían impedidos de volver a competir en el próximo turno electoral por estar cursando su segundo mandato. Dentro de ese lote abigarrado hay varios pesos pesados que integran el Movimiento Derecho al Futuro kicillofista. La derogación de la ley que se votó durante la administración de María Eugenia Vidal es un pedido reiterado hasta el hartazgo de varios de estos alcaldes que se desprendieron del ropaje kirchnerista para abrazar la proyección nacional del Gobernador.
Esa suerte de deuda política que tiene Kicillof con estos intendentes no resulta sencilla de saldar. El kirchnerismo y Sergio Massa, que siguen operando en tándem en la Legislatura, se oponen. El kicillofismo no tiene número como para intentar avanzar.
Esa ley funciona como un elemento de presión política. Habilitar ahora esa herramienta sería, a los ojos del universo ultra K, dejar en libertad de acción a los intendentes para que hagan su propio juego en la resbalosa pelea de poder abierta en el peronismo.
En diversos territorios se analiza que el impedimento legal los deja a merced de los deseos de La Cámpora. No sólo porque obliga a los intendentes a buscar un sucesor, sino porque además, en especial en el Conurbano, al kirchnerismo duro se le facilitaría el camino para instalar nombres propios y evitar enfrentar a las figuras que más miden en sus propias comunas, como quedó demostrado en las elecciones de septiembre.
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Esa encerrona alienta a varios alcaldes que reportan a Kicillof a ir a fondo. No ya en busca de hacer votar una ley a la que le faltan manos para aprobarla, sino para, de una vez por todas, enfrentar al kirchnerismo. La interna por la presidencia del PJ bonaerense tiene, entonces, una dimensión más amplia.
El propio mandatario bonaerense escuchó hace unos días una encendida arenga en ese sentido. Desde La Matanza, la vicegobernadora Verónica Magario, que sueña con ser la candidata del kicillofismo para el PJ, dijo que darán esa batalla. A su lado, Kicillof, acompañó la definición con sonrisas y aplausos.
La posibilidad de una disputa interna sigue latente. Con distintas decisiones y argumentos discursivos, el mandatario ha venido desafiando el liderazgo de Cristina Kirchner. Pero ahora se trata de dar un paso mucho más largo y no exento de riesgos políticos. Una posible derrota por la presidencia del PJ no sólo podrían magullar la candidatura presidencial que Kicillof busca construir: también impactaría sobre la Legislatura donde el Gobernador apenas cuenta con un puñado de soldados y donde ya se registran signos evidentes de parálisis, como la que afecta al Senado, atrapado por la pelea entre Magario y el kirchnerismo.
En forma paralela, la disputa en los territorios se hace cada vez más cruda. Luego de los episodios de Quilmes y Lanús donde los intendentes camporistas olfatearon que diversos incidentes protagonizados por militantes de Juan Grabois podrían haber tenido algún tufillo vinculado a esa dinámica interna, en Morón el intendente kicillofista Lucas Ghi apuntó al ultra K y antecesor en el cargo, Martín Sabbatella, como presunto impulsor de una protesta en el Concejo Deliberante por el atraso en el pago de jornales.
EL DESAFÍO LIBERTARIO
La mirada hacia 2027 también calibra decisiones en el campamento libertario. Karina Milei desde hace tiempo se puso una meta desafiante: la reelección del Presidente.
Ese objetivo requiere de acciones concretas sobre el territorio bonaerense donde se concentra el 37 por ciento del electorado nacional. “El Jefe” puso manos a la obra: no más allá de marzo habrá un congreso partidario en la Provincia que sería una suerte de arranque anticipado de aquella estrategia a mediano plazo.
Hay quienes sostienen en algunas usinas de la Casa Rosada que esa actividad partidaria de La Libertad Avanza sería la luz verde de largada para aquellos dirigentes que tengan aspiraciones de ir por la Gobernación. La idea del esquema libertario es, en principio, que funcionarios o legisladores con pretensiones como Sebastián Pareja, Diego Santilli o Diego Valenzuela comiencen un lento proceso de instalación pública de cara a la batalla por la sucesión de Kicillof.
Estaría pesando sobre esa eventual decisión de acelerar algunos tiempos un antecedente tan cercano como central: el resultado de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. El peronismo hizo valer su influencia en los territorios con varios intendentes a la cabeza de las listas y superó a La Libertad Avanza por casi 14 puntos. Luego llegó la victoria libertaria de octubre por una mínima diferencia, en otro contexto, con un sistema electoral distinto y sin tanta influencia de los aparatos municipales.
El oficialismo nacional acaso esté imaginando una discusión bonaerense en términos parecidos al pasado septiembre. De ahí la idea de consolidar lo propio y comenzar a mostrar e instalar alternativas y perfiles de posibles candidatos.
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