Torres del Sol: el impulsor del proyecto dice que recibió “presiones de todo tipo”

El hombre señalado como principal responsable por los más de 100 damnificados del proyecto Torres del Sol (un emprendimiento inmobiliario que surgió hace 10 años y se quedó en el camino, con decenas de juicios en danza), salió a responder a las acusaciones con una carta que su abogado, José Romano Yalour, presentó a EL DIA.

El presidente de la administradora del fideicomiso, Bernardo Augusto Meyer, aclaró en ese escrito que “no hubo estafa alguna, puesto que los fondos aportados por los adquirentes fueron aplicados en su totalidad y hasta donde alcanzaron, a los fines del fideicomiso, es decir a atender el universo de costos del emprendimiento”.

Básicamente, adjudicó el naufragio del emprendimiento a la clausura que dispuso la Municipalidad de La Plata en 2011, que incluía, dijo, “orden de demolición y cuantiosa multa”, lo que causó, según Meyer, “la cesación del pago de aportes por parte de los adquirentes -primero parcial y luego total-, el descrédito de los potenciales adquirentes cuya incorporación habría consolidado las expectativas del desarrollo, y costosas erogaciones producidas en procura de reencauzar el emprendimiento”.

En este punto argumentó Meyer que “la sanción municipal tuvo como fundamento formal la falta de permiso de obra y como causa real la que cabría interpretarse de las presiones de todo tipo a las que fui sometido por funcionarios municipales después de aplicada la sanción”.

Consultados sobre esas presiones, que habrían sido, básicamente, pedidos de dinero, aclararon que no las denunciaron.

“El proyecto de construcción había sido presentado mucho antes - continuó- demorándose el completamiento del expediente por negligencias del arquitecto y tolerancia de los funcionarios municipales que dieron le dieron el ‘visto bueno’ para que iniciara y prosiguiera la obra sin permiso formal mientras se sustanciaba el expediente, lo que era ‘normal’ en aquella época”. Según Meyer, “detrás había una intencionalidad, la que se evidenció con las presiones mencionadas”.

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El proyecto Torres del Sol era tan ambicioso como innovador: montar un gran complejo habitacional en el amplísimo lote de avenida 31 entre 43 y 44, con ocho torres de seis pisos con departamentos de uno y dos dormitorios, más cuatro edificios de cuatro plantas, con servicios y comodidades que incluían un salón de reuniones, cine, gimnasio y bar, sumado esto a la posibilidad de adquirirlos en forma financiada o cancelando anticipadamente el valor estimado de cada unidad. La construcción de una de las torres arrancó, precisamente, a comienzos de 2009. En 2012 se paró del todo.

“Después de innumerables gestiones de todo tipo, cumplidos ciertos requisitos y realizado un estudio de la estructura resistente de la construcción que estaba en curso, llevado a cabo por la Facultad de Ingeniería de la UNLP, la Dirección de Obras Particulares otorgó un permiso parcial de obra y se reanudó la construcción, hasta que se agotaron los recursos”, relató Meyer”, convencido de que “el golpe mortal al emprendimiento ya había sido asestado por las consecuencias de la clausura. De ahí el virtual estado de quiebra en que quedó lo que para los adquirentes era el sueño de su casa propia y para mí la mayor empresa laboral de mi vida”.

Los damnificados, por su lado, aseguran que supieron varios años después que el terreno había sido hipotecado, y que los dueños “pretendían ejecutar la hipoteca” ante el Juzgado Civil N°32 de Capital Federal. Del lado de los empresarios aseguran que esas condiciones estaban previstas en el fideicomiso, negando así una “intencionalidad”. Aclararon, además, que están buscando inversores para que continúen la obra.

“Durante todos estos años he tratado de sanear o al menos mejorar la situación, procurando que alguna empresa continuara el proyecto asumiendo las obligaciones del fideicomiso. En parte por las trabas judiciales vigentes, y en parte por el devenir de la economía, no lo logré”, concluyó Meyer, quien también aclaró que denunció “en sede penal” la “ocupación por intrusos.”

Los damnificados presentaron la semana pasada solicitudes de audiencia en la Gobernación y la Municipalidad. Según dijeron, mañana se reunirán con funcionarios de la comuna.