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En los últimos días se sucedieron en la ciudad y en otros distritos del país episodios de violencia de género, protagonizados en la mayoría de los casos por hombres que –a pesar de haber sido denunciados numerosas veces por sus ex mujeres y que contaban, algunos de ellos, con la llamada restricción perimetral que los obligaba a no acercarse más allá de determinadas distancias, a sus ex parejas- reaparecieron para agredirlas una vez más.
En uno de estos casos reflejados por este diario, la mujer había huido de su casa luego de sufrir doce años de violencia. El agresor, que se había presentado ante una dependencia policial para denunciar la ausencia, fue anoticiado allí de que su ex compañera había sido ubicada y estaba prestando declaración en una subcomisaría. Luego de volver a hostigarla en la propia dependencia policial, el hombre siguió a la patrulla en la que su ex mujer fue trasladada al cuerpo médico forense, para determinar su estado físico. No contento con ello, el hombre bajó del vehículo e insultó a los policías que cumplían con ese procedimiento, oportunidad en la que, con previo conocimiento del fiscal actuante, fue arrestado por infringir la ley de violencia contra la mujer.
En otro episodio similar, un día después una joven mujer fue agredida con varios cortes en su cuerpo por su ex pareja. Tras algunos reproches, el agresor la atacó primero a golpes de puño y luego le causó heridas en la cabeza, el cuello y las manos. El acusado del ataque, que está prófugo, contaba, a raíz de anteriores y reiterados ataques a su pareja, con la medida de restricción perimetral para que no se acercara a ella, no obstante lo cual volvió a agredirla físicamente.
Está claro que deben acentuarse todas aquellas políticas y procedimientos dispuestos para prevenir y combatir la violencia de género, evitándose, por lo pronto, que se irradien estas actitudes disvaliosas e ilegales por parte de los agresores. Sin duda que la reaparición de este fenómeno tan negativo debe causar honda preocupación. Desde que se concretó en nuestro país la primera y masiva marcha bajo la consigna de #Ni una menos, que concitó tanta solidaridad y comprensión social, se ha venido registrando, paradójicamente, un resurgimiento de la violencia de género.
Si bien no se puede sino elogiar los esfuerzos que se vienen realizando en nuestro país frente al grave problema que plantea la situación de ostensible desmedro que sufren muchas mujeres, relegadas en su derechos algunas veces y, en muchas otras ocasiones, víctimas selectivas de delitos cruentos o aberrantes, la realidad cotidiana sigue demostrando la necesidad de que se fortalezca en la población una visión educativa más amplia sobre la necesidad que exista una absoluta igualdad entre los géneros.
En ese contexto, que es común a muchos países, surge, sin embargo, que a pesar de una mayor atención sobre los distintos niveles de violencia –se habla de la violación, la mutilación genital femenina, la trata de mujeres, el tráfico o los matrimonios forzados, entre otras graves transgresiones - siguen siendo inaceptablemente altos, con graves consecuencias para la salud física y mental de las víctimas. Pero al mismo tiempo persisten vigentes para las mujeres desigualdades que hacen a la órbita laboral y las que corresponden a su dignidad de personas.
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Cuando se ponen en vigencia sistemas como la restricción perimetral, el botón antipánico o las tobilleras electrónicas, está claro que la verdadera eficacia reside en el constante monitoreo y en el criterio que aplican quienes supervisan la ejecución de las sentencias o resoluciones previas. Lo que no puede admitirse es que exista una plausible movilización cultural e institucional sobre el tema de la violencia de género, que no se vea correspondida en la Justicia por una rigurosa aplicación de las leyes.
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