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Estaba detenido por un supuesto plan para derrocar y matar a Maduro. La ONU llamó a investigar el caso. Repudio del Grupo de Lima
CARACAS
La muerte de un militar arrestado en Venezuela por un presunto plan para derrocar y asesinar al presidente Nicolás Maduro desató una ola de rechazo internacional y llamados a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a investigar el caso.
El Grupo de Lima, formado por 14 países de América críticos de Maduro, repudió ayer en un comunicado “el asesinato” del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, después de que dirigentes opositores venezolanos, la familia del oficial y organizaciones de derechos humanos denunciaran la muerte por “salvajes torturas”.
La nota divulgada por el grupo “urge a la comunidad internacional, en especial a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Michelle Bachelet), a actuar sin dilación”, sumándose a un pedido del Parlamento local, de mayoría opositora.
Acosta falleció la madrugada del sábado luego de ser “torturado salvaje y brutalmente”, denunció en un video difundido en redes sociales Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado del país por medio centenar de gobiernos.
Según activistas de derechos humanos, el capitán había sido presentado el viernes ante tribunales en una silla de ruedas, con “graves signos de torturas”.
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El Ministerio de Defensa apuntó ayer en un comunicado que Acosta “se desmayó” durante la audiencia y que el juez ordenó su traslado al hospital militar de Caracas, donde falleció. No mencionó “torturas”.
EE UU, principal aliado de Guaidó, consideró el caso como “un sombrío ejemplo” de hasta dónde llega la persecución contra adversarios de Maduro.
Acosta fue detenido el 21 de junio, acusado de participar en un plan de “golpe de Estado” finalmente abortado. Bachelet estaba entonces de visita en Venezuela, donde instó a la liberación de opositores presos.
Confirmando la muerte del oficial más de 12 horas después de las primeras denuncias, el fiscal general venezolano, el oficialista Tarek William Saab, anunció una investigación “exhaustiva” sin hacer referencia a denuncias de torturas.
El Parlamento también pidió ayer a Bachelet una “investigación imparcial urgente” de la ONU. Solicitó igualmente actuar a otros organismos multilaterales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.
El Legislativo, cuyas decisiones son consideradas nulas por la Corte Suprema y cuyas funciones fueron asumidas en la práctica por la oficialista Asamblea Constituyente que rige en el país, abogó por “un equipo forense” internacional y por la “verificación del estado de salud” de todos los militares presos por acusaciones de conspirar contra Maduro.
La ONG Foro Penal sostiene que en Venezuela hay unos 800 “presos políticos”, un centenar de ellos militares. (AFP y EFE)
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