Liberaron a dos detenidos en la causa por la millonaria estafa del combustible en Educación

La jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia dictó el cese de la prisión preventiva de dos de cuatro detenidos y procesados bajo sospecha de haber cometido una estafa millonaria, mediante la malversaciones de fondos destinados a combustible y otros gastos para automotores de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).

Así lo revelaron a este diario voceros judiciales, quienes precisaron que ante un pedido de la defensa, a cargo de los doctores Alfredo Gascón y Miguel Molina, el viernes se dispuso la libertad de los imputados Gustavo Chiramberro y Diego Burgos.

En esta causa siguen detenidos, con preventiva, Walter Cejas y el director de Servicios generales de Educación Néstor Casado; en tanto tiene una orden de captura, en suspenso, en tratamiento ante la Cámara, Horacio Mancowski, también funcionario de ese ministerio.

En su pedido de preventiva, avalado por la jueza Garmendia, el fiscal explicó que “en la causa surgen elementos suficientes o indicios vehementes” para sospechar “que desde fecha indeterminada y al menos hasta el 24 de abril de 2019, al menos un hombre, coactuando al efecto con al menos otros cuatro, funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense, utilizaron en propio beneficio y en reiteradas oportunidades varias tarjetas de débito que le fueron otorgadas por el Banco Provincia al área de Administración antes nombrada, las cuales eran recargadas periódicamente con fondos del erario público destinados a un fin específico, haciendo falsas compras de combustible con las mismas, pero extrayendo dinero a cambio”.

También dictaminó que la maniobra se habría concretado “en propio beneficio” de los antes señalados, “perjudicando así en forma reiterada” las arcas de la Provincia.

El fiscal de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, señaló en su pedido que “la Dirección de Servicios Generales de la DGyE era la encargada de administrar las tarjetas en cuestión, siendo su director uno de los imputados y su subdirector el otro, mientras que los dos restantes resultan ser responsables uno como Jefe de Movilidad (Burgos) y el restante (Chiramberro), el responsable de la rendición de cuenta”.

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Además afirmó en su dictamen que “los hechos investigados fueron practicados en reiteradas ocasiones, en forma organizada y planeada, con distribución de roles”, indicó.

En esta línea, detalló que “atento la cantidad de tarjetas utilizadas (unas 600), las mismas eran aportadas en conjunto por los miembros que las administraban en el organismo estatal y que eran responsables directos del control y rendición de cuentas de los montos no solo asignados a combustibles”, precisó.

El fiscal encuadró el caso como “asociación ilícita y malversación de caudales públicos”.

La causa se inició el 26 de abril, cuando la policía detuvo en un control policial a Cejas, quien trabaja como playero en la estación de servicio Axion situada en la calle 44 y 31.

El fiscal Condomí Alcorta, explicó que el hombre “se puso nervioso” y cuando se le requirió la documentación de la camioneta Grand Cherokee que conducía se le cayeron 15 tarjetas de débito y 50.000 pesos en efectivo”.

Los efectivos policiales comprobaron que Cejas tenía tarjetas de débito Bapro Copres, que utilizan los organismos públicos para cargar combustible en vehículos oficiales.

Además de la investigación judicial, la cartera educativa inició una serie de sumarios ante la sospecha de que pudiera haber más empleados involucrados en la maniobra.

Las fuentes sospechan que en la malversación podrían estar involucrados también otros empleados de la estación de servicio, ya que un día después de la detención de Cejas se suicidó el encargado general de ese comercio, Maximiliano Normann, de 44 años.

Según pudo comprobarse durante la pesquisa, funcionarios y empleados de la DGCyE bonaerense desviaban de forma periódica fondos públicos a partir de falsas compras de combustibles para vehículos oficiales.

Además, se constató que varias de las tarjetas correspondían a autos en desuso, que no habían sido dados de baja y estaban guardados en galpones, por lo que los gastos en combustibles y en repuestos se destinaban supuestamente a esos vehículos.

Según la información reunida en la investigación, la cartera educativa tiene unos 600 autos, camionetas y colectivos dedicados al traslado de personal de ese ministerio y alumnos.

Los investigadores determinaron que las tarjetas halladas a Cejas corresponden a vehículos que dejaron de funcionar, en casos, hace años y están arrumbados, entre yuyales, en un depósito oficial de Educación situado en el barrio de El Digue, Ensenada.

Según se estima, a través de estas maniobras se llevaban alrededor de 300 mil pesos por mes de dinero público. Los rastros hallados permiten calcula en la fiscalía que todo empezó hace alrededor de 7 años. En ese lapso, estiman en la Justicia, los imputados y algunos familiares armaron vidas lujosas, con viajes cotidianos al exterior y derroche de dinero en casas, vehículos y hasta embarcaciones.