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La Ciudad |Los vecinos siguen en alerta en 19 y 90

Tras el desalojo, tensa calma en los lotes de Altos de San Lorenzo

Tras el desalojo, tensa calma en los lotes de Altos de San Lorenzo

no se descartan nuevos procedimientos en los terrenos de 90 y 19/ d.a

15 de Septiembre de 2019 | 03:42
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Tras la jornada de alto voltaje del viernes, reinaba ayer una tensa calma en el enorme predio de 19 y 90 y alrededores, donde desde hace cinco días se libra una violenta batalla por la tierra a raíz de sucesivos intentos de usurpación. Más allá de algunos acercamientos a los terrenos en cuestión por parte de aquellos que pretenden ocuparlos, tras el operativo policial de desalojo y los allanamientos en los que se detuvo a un sospechoso, los lotes, que se extienden de calle 90 a 96 y de 16 a 19, permanecían ayer desocupados.

“El lunes los propietarios se van a reunir para tomar más medidas”, comentó un vecino que, ante la posibilidad de sufrir represalias, prefiere mantener su nombre en reserva. Sucede que ya en cuatro oportunidades los terrenos fueron alambrados, “pero todas las veces se los robaron”, explicó a EL DIA.

Una amplia porción de las tierras “bajo amenaza” pertenece a dos propietarios. En un sector lindero, se extienden más de doscientos lotes que fueron adquiridos, tiempo atrás, por similar número de familias. Algunos como una forma de inversión; otros con intenciones de radicarse una vez que se apruebe un pedido de rezonificación. Más allá, hacia calle 90 entre 20 y 21, se extienden algunos lotes que, según denunció un hombre en diálogo con este diario, fueron usurpados años atrás y desde entonces se consolida la ocupación. El damnificado, que aseguró ser el dueño de los terrenos y haber radicado una denuncia penal, lleva tiempo esperando que la Justicia actúe. Contó, indignado, que hasta le reclaman el pago de los impuestos municipales e inmobiliarios de los terrenos, pese a estar ocupados ilegalmente.

En el caso de 90 y 19 los fiscales que entienden en las causas abiertas son Cecilia Cordfield y Hugo Tesón, y las carátulas de los expedientes incluyen “amenazas agravadas, daños calificados (dañaron dos móviles policiales), resistencia a la autoridad, portación ilegal de armas de fuego y usurpación” de propiedad privada.

 

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