El nuevo gobierno de Uruguay se ha propuesto lograr que los argentinos no solo elijan al país vecino para pasar sus vacaciones, sino que van a tentarlos para que se instalen allí en forma permanente.

El objetivo es promover la inversión, por lo que apuntan a empresarios y personas de alto poder adquisitivo.

El fin de semana pasado el presidente electo, Luis Lacalle, se reunió con la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), en el marco de la Expo Real Estate de Punta del Este, y les informó que tenía la intención de flexibilizar algunas regulaciones vinculadas a la residencia legal y fiscal para que 100 mil argentinos se instalen a vivir en Uruguay en los próximos 5 años, según publicó el diario uruguayo El Observador.

“Estamos seguros de que nuestro país se va a convertir en un destino no solo para invertir sino también para que familias vengan a vivir y disfrutar de nuestras playas”, afirmó Lacalle en rueda de prensa luego del encuentro.

Una de las flexibilizaciones, según detalló el mandatario uruguayo electo a los constructores enrolados en Appcu, será bajar los montos que se exigen de patrimonio en bienes inmuebles o en inversiones para facilitar la obtención de la residencia fiscal.

Con esta modalidad de residencia, la persona extranjera pasa a tributar en Uruguay y así también le sirve para dar de baja su residencia fiscal en su país de origen, en este caso Argentina.

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Además, quienes configuran la residencia fiscal por primera vez, pueden optar por no pagar IRPF (Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas) por sus rendimientos del exterior, según explicó a El Observador el socio de FBM (consultora uruguaya de asesoramiento fiscal), Fabián Birnbaum.

La idea de Lacalle Pou sobre convertir a Uruguay en un destino no solo de inversión y vacaciones, sino también de residencia permanente, también es respaldada por el futuro ministro de Turismo, Germán Cardoso, quien apunta a los “altos consumidores o contribuyentes de alta calidad”.

No obstante, Cardoso remarcó que aún no abordó el tema con Lacalle y que le “sorprendió” que lo mencionara, pero dijo que es preciso “analizar incentivos” para atraer a ese perfil de extranjero.

En la actualidad existe una diferencia para conseguir la residencia legal (que permite tener la cédula de identidad) entre los ciudadanos de países del Mercosur y Estados asociados y el resto del mundo. Mientras que los primeros solo tienen que demostrar la intención de permanecer y residir en Uruguay, los segundos deben además acreditar medios de vida.

Para la residencia fiscal no existe ninguna clase de distinción. La reciente medida lanzada por el presidente Alberto Fernández de que las inversiones o bienes radicados en el exterior pagarán el doble del Impuesto a los Bienes Personales impulsó a que algunos argentinos empiecen a analizar la opción de instalarse a vivir en el país vecino.

Anteriormente pagaban este impuesto quienes tenían domicilio fijado en Argentina lo que permitía que un cambio de domicilio fuera suficiente para no pagar el impuesto. Ahora, con el nuevo paquete fiscal, lo que se exige es la residencia (al menos 180 días al año viviendo en otro país) para ser eximido del pago, lo que genera una mayor dificultad para quienes pretenden perder la calidad de contribuyentes en nuestro país.

Cabe indicar que el equivalente uruguayo al Impuesto a los Bienes Personales es el impuesto patrimonial, que se empieza a tributar a partir de los 250.000 dólares, mientras que en la Argentina es a partir de los $ 2 millones (menos de 30.000 dólares). Además, en Uruguay toman en cuenta activos y pasivos, mientras que en la Argentina no se contemplan las deudas (excepto para los casos de deudas hipotecarias por vivienda propia).