Renovado reclamo por el auge de la venta informal

Una vez más en lo que va de los siete meses de cuarentena los empresarios de la Pymes locales reclamaron de las autoridades que se recreen condiciones para asistir al comercio en la grave crisis que atraviesa, agravada –según volvieron a señalar- por la aceleración de la informalidad en las ventas, en un proceso que incluye a las redes sociales y que, junto al que se experimenta en la vía pública, podría superar el 50 por ciento de la actividad económica de este año.

Mientras centenares y hasta miles de comercios cerraron sus puertas para cumplir con las pautas sanitarias impuestas por el COVID-19, la competencia desleal de la venta ambulante, que se caracteriza por trabajar con mercadería falsificada, sin controles de ninguna especie, evadiendo impuestos e incumpliendo con precisas leyes laborales y sanitarias, le plantea al comercio regular gravísimos perjuicios.

Tal como se informó ayer en este diario, tales reclamos se formularon en el curso de una reunión vía zoom que integrantes de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires (CEPBA) mantuvieron con los ministros bonaerenses de Producción y del Trabajo. La necesidad de premiar la generación de empleo privado y la formalización de los sectores que están en la informalidad, fueron parte primordial del temario.

Los empresarios reclamaron a los gobiernos nacional y provincial que instrumenten mecanismos para blanquear a sectores que están en negro, que se controlen a los que venden en sitios de internet sin pagar ningún impuesto o tasa, para evitar los altos márgenes de informalidad existentes. Desde CEPBA propusieron desarrollar un programa de acompañamiento que incluya incentivos para que los sectores informales puedan regular su situación en el corto plazo.

Según se trató en la reunión, casi nueve millones de personas cobran hoy el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y estiman que casi la mitad de ellos son trabajadores que están en negro. Los efectos de la crisis se extienden y los empresarios advierten que ello empuja el crecimiento de la informalidad, en la que caen muchos que no desean hacerlo pero que tienen ese sólo camino.

De acuerdo a una estimación de la consultora SDS, el comercio informal mueve en Argentina más de 70.000 millones de pesos por año y significa un enorme perjuicio para el comercio formal, sino también para las arcas del Estado que, sólo por IVA, ser pierden de recaudar casi 15.000 millones de pesos este año.

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Se sabe también –y existen datos estadísticos que así lo comprueban- que el crecimiento de la venta ilegal en La Plata ya en el 2019 resultó ser de tal magnitud que en ninguna otra localidad del país se experimentó un incremento semejante, al punto de haber colocado a la Ciudad en lo más alto del podio en esta materia. A título de ilustración, merece consignarse que en la cercana ciudad de Quilmes, con alta densidad poblacional y fuerte movimiento comercial, no hay vendedores ilegales.

Con el telón de fondo de la circulación social restringida, la venta ilegal se enseñoreó cada vez más, mientras el comercio legal –que paga impuestos, tasas, salarios y enfrenta otras erogaciones, como el alquiler en muchos casos- se encuentra entre la espada y la pared, con la eventualidad del cierre muy cercana y ya, lamentablemente, convertida en realidad en muchos casos. Se ha dicho ya y debe insistirse: La Plata debe dejar de ser la tierra prometida de la venta ambulante. Y para evitar ello, nada mejor que atender al reclamo de quienes enfrentan hoy una crisis semejante, que no cuenta con antecedentes similares.