El Estado y la sociedad, obligados a alejar a los menores del delito

Más allá de los alcances particulares que pueda tener el caso, la detención por parte de la policía de dos chicos de 14 y 16 año cuando robaban un auto estacionado en inmediaciones del Hospital de Niños de nuestra ciudad, ocurrida en las últimas jornadas, pone otra vez sobre el tapete el tema de la participación de menores de edad en robos, asaltos a mano armada y en otros graves delitos, en una situación que se viene presentando en forma creciente en los últimos años, tanto en nuestra ciudad como en diversos distritos del país.

Más allá de los complejos aspectos legales y doctrinarios que acompañan a esta cuestión, se está seguramente frente a una realidad que lastima en primer término a los protagonistas de estos hechos y que, desde luego, repercute sobre las víctimas de su accionar. Si bien, en ocasiones, se registran desenlaces trágicos para terceros, tampoco debe dejar de verse que los propios chicos que protagonizan estas acciones suelen resultar muertos o víctimas de graves heridas.

Conviene primeramente insistir en que se advierte la existencia de una suerte de acostumbramiento frente a a este fenómeno y que, por caso, no sorprende ya que chicos o chicas que apenas frisan los 10 años de edad o un poco más, esgriman armas blancas o de fuego para concretar los robos. O que conformen bandas para asaltar, utilizando para ello la modalidad “piraña” que suele presentarse en la zona céntrica platense.

Se han reiterado también fundamentaciones acerca de la necesidad de que existan en la Provincia y en el país políticas preventivas y de inclusión integral para alejar a los menores del delito. Se sabe que existen condicionamientos que ejercen una indudable y creciente influencia -desde luego que negativa- sobre los menores de edad.

Se habla aquí de la verdadera irradiación que alcanza hoy el narcotráfico y, como derivación, el mayor y temprano consumo de drogas, entre otros factores gravitantes, relacionados fundamentalmente al crecimiento de los índices de pobreza.

A ese universo juvenil, si se quiere desorbitado y privado de rumbos certeros, se le puede sumar la actitud aviesa de muchos mayores que se aprovechan del estado de inimputabilidad penal de los menores, obligándolos o instándolos a delinquir. La cuestión está lejos de agotarse en el país mediante debates por la imputabilidad de los menores, ya que la diversidad de factores que inciden es previa a cualquier definición en ese sentido.

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En la década del 90 la Provincia decidió evolucionar del viejo sistema de la Minoridad, que preveía una política de tipo correccionista que disponía no sólo la privación de libertad por la comisión de un delito sino también por razones de peligro moral, trocándola por una que apuntara a una mayor prevención y reconocimiento de los derechos de los menores. Sin embargo, este cambio no se ha podido plasmar hasta ahora y persisten muchas graves situaciones de total abandono para la infancia y adolescencia.

Se ha dicho muchas veces aquí que el hecho de que la solución de fondo no pase por el despliegue de una intensificación de las acciones policial y judicial no exime al Estado -ni a la sociedad misma- de la obligación de atender a la niñez y adolescencia con una mucho mayor presencia preventiva, profundamente educativa y, cuando sea necesario, con esmerados planes de asistencia. Algunas experiencias de tipo social y deportivas resultaron notablemente exitosas en este sentido en los últimos años.

Una mayor inclusión de esos niños y jóvenes en actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas o recreativas -que, como se dijo, ya se ha comprobado en muchos lugares, han resultado positivas- podría apartarlos del delito y de la incidencia de la droga, abriéndoles, además, perspectivas concretas de un futuro mejor.