Denuncian que en la comisaría de Villa Elisa una detenida perdió un embarazo

El defensor de una joven que está detenida en la comisaría de Villa Elisa por un intento de hurto presentó un hábeas corpus para pedir que la excarcelen (o al menos le den arresto domiciliario), además de la clausura de los calabozos de esa seccional y el traslado de todas las mujeres allí alojadas, con el argumento de que corre peligro de derrumbe y otras condiciones que hacen que la estadía en ese lugar sea “inhumana”.

El planteo ante el juzgado correccional número 3 de La Plata lo hizo el abogado Damián Alberto Barbosa “por agravamiento en las condiciones de detención” de su defendida Camila Belén Romero y “las demás mujeres privadas de su libertad en los calabozos de la comisaría 12 de Villa Elisa”, por “flagrante violación a lo dispuesto” en distintas normativas internacionales. Hace hincapié en el recurso en la “salud psicofísica” de su defendida para solicitar que “se disponga la inmediata libertad” de Romero, o, en forma subsidiaria, “su arresto domiciliario”. También pidió investigar “con carácter urgente la comisión de diversos delitos”, en particular los de género, por lo cual requirió la intervención del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual.

Explicó Barbosa que en una entrevista que mantuvo el último jueves con su asistida en la comisaría de Villa Elisa ella le “narró de forma desgarradora las infrahumanas condiciones de detención que está padeciendo desde que se encuentra en la dependencia policial, cuadro que se agravó en la última semana, con la pérdida de un embarazo”.

Resaltó el abogado que el delito que le imputan a la joven es “no detenible”, aunque, dijo, “su libertad fue denegada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata” por registrar Romero una pena de ejecución condicional de ocho meses, “por lo que de recaer una sentencia condenatoria la misma sería de cumplimiento efectivo”.

Denunciaron “deficiencias edilicias en materia de salud, higiene y alimentaria”

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Romero tiene 24 años, una hija de 4 que está al cuidado de su madre en la localidad de Tres de Febrero y, según su defensor, estaba embarazada. “Me contó que estuvo más de una semana con pérdidas, esperando que se dignen a trasladarla hacia un hospital, lo cual recién hicieron el día 15 de abril, cuando la llevaron al Hospital San Roque de Gonnet, le realizaron una ecografía y le informaron que ‘ya nada quedaba de su embarazo’”, refirió Barbosa, aportando que, según la chica, “los funcionarios policiales le manifestaban que el traslado estaba a cargo de la comisaría Primera de La Plata y que estaban con muy poco personal femenino”.

Sumando argumentos en favor de su reclamo, informó el abogado que la detenida tiene “severos problemas respiratorios, los cuales generaron que el servicio de emergencias médicas haya tenido que ir hasta la comisaría en reiteradas oportunidades, en estos meses de privación de libertad”.

“Por esta afección -agregó- Camila Romero pertenece a la población en mayor riesgo ante el COVID-19, caso que se encuentra contemplado en las diversas resoluciones dictadas recientemente por la Suprema Corte de la Provincia y en la Resolución de Procuración General”.

Insistió en que “el marco que debe observar la Jueza interviniente es el de la crisis humanitaria global que atraviesa el sistema penal y penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, la cual se agravó notoriamente por la pandemia mundial”, lo cual deriva en la conclusión de que urge “descongestionar y descomprimir” las cárceles.

Por último, se concentró en las condiciones generales de la comisaría de Villa Elisa al recordar que ya en junio de 2019 el juez de garantías Guillermo Atencio prohibió el “ingreso y permanencia de personas detenidas, procesadas o condenadas, hasta tanto se efectúen las tareas de refacción y acondicionamiento”, algo que, según la presentación, nunca ocurrió.

En esa dependencia, describió Barbosa, “son impresionantes los olores nauseabundos de la zona de calabozos, los cuales superaban las pésimas condiciones edilicias del sitio. Las mujeres privadas de libertad no cuentan con agua caliente en los baños, por problemas en las cañerías”, por lo que “el agua se les provee a través de una manguera que sale desde la cocina del personal policial, para que puedan bañarse a ‘manguerazos’ o ‘a baldazos’”. Denunció además que las detenidas “no tienen acceso a un teléfono”.