El aumento en el número de casos de coronavirus ha provocado que países de todo el mundo tomen medidas o adopten restricciones para sus ciudadanos en función de la mayor o menor gravedad de su situación.
En Hungría, el primer ministro ahora puede gobernar por decreto. En Gran Bretaña, los ministros tienen lo que un crítico ha denominado “enormes” facultades para detener a las personas y cerrar las fronteras.
El jefe de gobierno de Israel ha cerrado los tribunales e inició una invasiva vigilancia de los ciudadanos. Chile ha enviado a las fuerzas armadas a plazas públicas antes ocupadas por manifestantes. Bolivia ha aplazado las elecciones.
Los gobiernos y los grupos de defensa de derechos coinciden en que estos tiempos fuera de lo común requieren medidas fuera de lo común. Los Estados necesitan nuevas facultades para cerrar las fronteras, ordenar cuarentenas y rastrear a los infectados.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha autorizado al organismo de seguridad interior del país a rastrear a los ciudadanos usando un conjunto secreto de datos de celulares creado para el antiterrorismo. Al seguir los movimientos de las personas, el gobierno puede penar a los que incumplen las órdenes de aislamiento con hasta seis meses de cárcel. Y al ordenar el cierre de los tribunales del país, Netanyahu demoró la comparecencia que tenía programada para responder por cargos de corrupción.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó a las fuerzas de seguridad "disparar a matar" contra quienes violen restricciones de circulación para ralentizar el avance del coronavirus, luego de una protesta en reclamo de ayuda al Gobierno por la imposibilidad de trabajar.
"A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba", amenazó el mandatario, horas después de que una veintena de personas saliera a las calles en un barrio de la capital, Manila, para reclamar ayuda del Gobierno ante la imposibilidad de trabajar debido a la cuarentena.
En Jordania, luego de que una “ley de defensa” de emergencia le otorgó amplia libertad, el primer ministro Omar Razzaz dijo que su gobierno “trataría con firmeza” a todo el que difundiera “rumores, mentiras o noticias falsas que siembren el pánico”.
Gran Bretaña tiene una larga tradición de democracia y costumbres democráticas fuertemente arraigadas. Sin embargo, un proyecto de ley de coronavirus que pasó a todo vapor por el Parlamento les otorga a los ministerios el poder de detener y aislar a las personas indefinidamente, prohibir las reuniones públicas incluidas las protestas y cerrar puertos y aeropuertos, todo con escasa supervisión.
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