La Corte bonaerense define criterios para el otorgamiento de beneficios a los presos

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires definirá esta semana las pautas para otorgar detenciones domiciliarias a presos alojados en las cárceles bonaerenses que sean factor de riesgo por el coronavirus.

Una fuente del Alto Tribunal confirmó que la resolución llegaría entre hoy y mañana y que el objetivo es dictaminar “un fallo ordenador que establezca un camino de racionalidad” tras la polémica generada por la decisión del Tribunal de Casación provincial.

El martes, la Corte declaró admisible un recurso de queja presentado por el Fiscal de Casación, Carlos Altuve, con lo que resolvió suspender desde ese día el fallo de ese tribunal que habilitaba las prisiones domiciliarias y acortar los plazos para el tratamiento de la cuestión de fondo debido a la “gravedad institucional” que implicó el fallo.

Altuve recurrió a la queja, luego que el Tribunal de Casación le rechazó el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del juez Víctor Violini, quien el 17 de abril hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por los 19 Defensores Generales de la Provincia para que se les otorguen prisiones domiciliarias a presos en peligro de contraer coronavirus.

En ese fallo, Violini dijo que los presos que podrán acceder a ese beneficio deben ser mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves, aunque no hace mención a cuáles son los delitos a los que hace referencia.

Unos días después, el Tribunal de Casación de la Provincia, bajo la presidencia de Ricardo Borinsky, amplió la resolución de Violini y ordenó a los jueces que ejecuten en forma “inmediata” la medida de arresto domiciliario para los presos en cárceles bonaerenses por integren el grupo de riesgo ante el contagio de coronavirus.

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La resolución, se tomó debido a que defensores oficiales denunciaron que los jueces de primera instancia no cumplen con el fallo que ordenó esa medida para los detenidos mayores de 65 años y con enfermedades preexistentes.

Borinsky sostuvo que los jueces de primera instancia “deben cumplir esa medida pese a que no haya adquirido firmeza” y detalló que esas libertades “están exceptuadas de la regla que impone el efecto suspensivo en los recursos”.

Sin embargo, esa resolución fue suspendida por la Corte al declarar admisible el recurso del Fiscal de Casación y que está en condiciones de resolver la cuestión de fondo tras tener en su poder los dictámenes que emitieron el Procurador de la Suprema Corte y el Defensor Oficial de Casación.

“Luego de completado el ciclo de presentaciones de las partes (Procurador y Defensor) y terceros (Usina de Justicia, Madres del Dolor, CELS y Comisión Provincial de la Memoria), inmediatamente se realizó la compaginación de un dossier digital con todas las constancias de las actuaciones”, precisó la fuente de la Corte.

Explicó que, a partir de allí “comenzó el proceso de deliberación secuencial, con reuniones de intercambio de propuestas entre los ministros, en el marco del nuevo régimen de Acuerdo Continuo que implica que pueden reunirse, deliberar y resolver cualquier día y en cualquier horario, en forma presencial o virtual”, de acuerdo al nuevo sistema dispuesto por la pandemia.

El procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, apoyó la postura adoptada por el fiscal Altuve y consideró que la Corte debe hacer lugar al recurso y revocar el hábeas corpus colectivo.

En su presentación, Altuve consideró que la resolución de Casación configura un supuesto “de extrema gravedad institucional por las consecuencias directas que de él se derivan, pues pone en crisis la buena marcha de las instituciones al poner en jaque al sistema jurídico penal”.

Para el fiscal, “se vulneró la garantía del juez natural que debe conocer en la situación de privación de libertad de las personas que se encuentren a su disposición, otorgando el arresto domiciliario a un número indeterminado de personas”.

“No es mi objetivo alzar una barrera que obstaculice la toma de las medidas urgentes, esenciales e imprescindibles para resguardar la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que esas medidas “no deben ser tomadas con afectación a la distribución de competencias constitucionales ni mediante la vulneración de las leyes que ordenan el funcionamiento de la justicia penal”.

En tanto, el Defensor Oficial de Casación, Mario Coriolano, negó que “exista un caso de gravedad institucional” y pidió al máximo tribunal que rechace el recurso de Altuve.

A mediados de marzo, los presos decidieron no recibir visitas para evitar contagios

En su dictamen, sostuvo que “ninguno de los recurrentes indicó en cifras reales el impacto que ha tenido la decisión de la Casación y que, muy por el contrario, según la información recibida de distintos integrantes de la defensa pública provincial, existe una gran cantidad de pedidos alternativos al encierro que son sistemáticamente rechazados por los jueces y objetados por los fiscales”.

“La resolución del Tribunal de Casación no implica la concesión de arrestos domiciliarios en forma directa, sino que exige una decisión de cada magistrado particular a cuya disposición se encontraba cada una de las personas detenidas, previo a analizar si el tipo de delito y los antecedentes sanitarios para corroborar si la persona pertenecía a un grupo de riesgo”, graficó.

Las cárceles alojan a más de 45 mil internos con unas 22 mil plazas.

Al principio de la pandemia, los presos resolvieron no recibir visitas para evitar contagios. Luego iniciaron protestas para pedir la liberación de los grupos de riesgo.