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El documento habría sido impulsado por la investigadora del Conicet, Sandra Pitta. Dice que el Gobierno decretó la cuarentena de forma improvisada sin un plan posible para su finalización
Un documento dado a conocer ayer y que lleva la firma de alrededor de 300 investigadores del Conicet, profesores universitarios, intelectuales y periodistas, critica en severos términos la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional en el marco de la pandemia por el coronavirs y afirma que en el país se vive una “infectadura “ y que la democracia está en peligro, como nunca lo estuvo desde 1983.
Bajo el título “La democracia está en peligro”, el escrito –cuyo texto completo se publica por separado- dice que si bien ningún país estaba preparado para la pandemia, “la primera reacción del Estado argentino fue negar la existencia del problema, a pesar de las advertencias desde un sector independiente de la comunidad científica y de la política”.
La carta que, entre muchas otras lleva la firma de la investigadora del Conicet Sandra Pitta, y que algunas fuentes señalan como impulsora del pronunciamiento, afirma que “el gobierno desestimó el planteo de testear, rastrear y aislar casos, no controló a tiempo las fronteras y decretó una cuarentena en forma improvisada, sin presentar ningún plan ni una posible fecha de finalización. Como única explicación se exhibieron logros parciales, al compararse erróneamente con otros países, y mostrando con anticipación supuestos éxitos, cuando debería predominar la cautela y el realismo”.
El texto lleva, entre otras, las firma de los intelectuales y politólogos Santiago Kovadloff y Juan José Sebreli; del actor Luis Brandoni, del escritor y periodista Federico Andahazzi, del abogado constitucionalista Daniel Sabsay y del exministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido.
En otro párrafo de la carta, sobre la que el actual jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero dio a conocer su parecer (ver aparte), dice que “en nombre de la salud pública, una versión aggiornada de la ‘seguridad nacional’, el gobierno encontró en la ‘infectadura’ un eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con situaciones de laboratorio y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones”.
“La detención, seguida de muerte, de Magali Morales y Luis Espinoza se convierte en responsabilidad del gobierno nacional, que ha creado las condiciones para que esto suceda. Miles de argentinos quedaron varados en el exterior y en el interior, mientras provincias y ciudades se han cerrado como condados medievales. Clases suspendidas, enfermos que no pueden seguir sus tratamientos, familias separadas, muertos sin funerales y, ahora, la militarización de los barrios populares”, agregan.
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“El desdén por el mundo productivo no tiene antecedente y su consecuencia es la pérdida de empleos, el cierre de comercios minoristas, empresas y el aumento de la pobreza. Los créditos para monotributistas y autónomos y la asistencia a las Pymes fueron tácticas publicitarias con requisitos casi inalcanzables para la mayoría de los afectados”, se cuestiona.
“La democracia está en peligro. Posiblemente como no lo estuvo desde 1983. El equilibrio entre los poderes ha sido desmantelado. El Congreso funciona discontinuado y la Justicia ha decidido una insólita extensión de la feria, autoexcluyéndose de la coyuntura que vive el país”, se lee en otro de los párrafos.
Entre los comunicadores que rubricaron la misiva, aparecen Fanny Maldelbaum, Jorge Sigal, Néstor Sclauzero, Eduardo Antín (Quintín), Ricardo Benedetti, Rogelio Alaniz, Pablo Ciarlero, Leonardo D’Espósito, Sandra de la Fuente, Rodolfo Pousá, Javier Navia, Emilio Laferriere y José Ignacio Sbrocco.
“Nosotros, ciudadanos que pertenecemos a varias áreas de la ciencia, al mundo académico, profesional y la cultura general, manifestamos nuestra preocupación y llamamos a grupos y organizaciones de la sociedad civil, partidos, sindicatos, formadores de opinión y medios de comunicación independientes a redoblar una actitud crítica y vigilante hacia al poder gubernamental, aumentando la deliberación y la conversación social sobre las consecuencias del aislamiento obligatorio y exigiendo la presentación de un plan de salida para esta situación anormal”, piden, antes de afirmar que la sociedad argentina demostró ser responsable a la hora de enfrentar la pandemia y acatar las normas. “Es hora que el presidente haga lo mismo”, finalizan
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